Los letrados que patrocinan al mapuche Facundo Jones Huala, quien permanece detenido desde hace más de un año en la unidad penitenciaria federal de Rawson, denunciaron que su asistido fue obligado a permanecer a la intemperie durante cuatro horas, lo que podría haber atentado contra su vida.
La presentación por la presunta comisión del delito de acción pública fue radicada este martes ante la Justicia Federal.
El mapuche está detenido desde junio de 2025, en el marco de una investigación configurada como compleja, por los supuestos delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.
Los patrocinantes Gustavo Franquet y Gustavo Soares, integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, denunciaron que Jones Huala fue obligado a permanecer al aire libre durante cuatro horas, sin contemplar que desde el 27 de abril sostiene una huelga de hambre, medida que posteriormente endureció con la interrupción de la ingesta de líquidos, lo que afectó de forma notoria su estado de salud.
En diálogo con Infobae, los abogados manifestaron su malestar con el proceder de los empleados del Servicio Penitenciario Federal, quienes actuaron de igual manera con otros internos que comparten pabellón con su cliente.
El mapuche inició la medida para exigir su traslado a la cárcel federal de Esquel, con el objetivo de acortar la distancia entre esa unidad penitenciaria y la residencia de su familia, con domicilio en Bariloche.
La falta de nutrientes y líquidos afectó el estado de salud de Jones Huala, quien el domingo pasado tuvo que recibir asistencia en el centro médico Santa Teresita, de la ciudad de Rawson.
“La acción de someterlo al rigor de la temperatura ambiente durante cuatro horas en las condiciones físicas en las que se encontraba evidenciada una intención clara de que resultara víctima de cualquier tipo de enfermedad pulmonar o respiratoria, lo que podría haber atentado contra su vida”, denunciaron los abogados.
A partir de esa denuncia, Franquet y Soares solicitaron una investigación para determinar si los empleados penitenciarios y sus superiores actuaron de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, aunque aseguran que deben ser investigados “como comisivos del delito tipificado en el artículo 80, inciso 9°, del Código Penal, bajo el supuesto contemplado en el artículo 42 del mismo cuerpo legal”.
Pidieron además investigar “la cadena de mando que ordenó mantener a Jones Huala al aire libre, desde el Ministerio de Seguridad hasta el personal de la unidad penitenciaria”. Mencionaron como testigos a los demás internos del pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria.
Confirman traslado a Esquel
El juez federal Ezequiel Andreani, semanas atrás, autorizó el traslado del detenido a la Unidad 14 de Esquel, aunque la derivación quedó en suspenso a partir de una presentación de la Fiscalía descentralizada de Bariloche, a cargo del fiscal Fernando Arrigo.
A pesar de la postergación del traslado, el Colegio de Jueces de Revisión de General Roca declaró mal concedida la impugnación de los fiscales y dejó sin efecto la presentación que realizó para evitar el traslado del activista.
A partir de esa resolución, el traslado de Jones Huala a la cárcel federal de Esquel podría concretarse en las próximas horas. Cuando ocurra, abandonará la huelga de hambre que inició a fines de abril.
El MPF se opuso al traslado argumentando razones de seguridad carcelaria y el perfil criminológico del imputado, respaldándose en un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación que desaconsejó su alojamiento en la cárcel de Esquel por tratarse de una dependencia de seguridad media.
El Colegio, con la firma de los magistrados Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, rechazó ese planteo con sustento en su propia jurisprudencia y declaró mal concedida la impugnación.
