El expediente por el triple crimen narco de La Matanza tiene novedades clave. Mientras Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J” —el joven peruano acusado de ser parte de la banda que mató a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrrez— vuela en un avión de la Fuerza Aérea camino a la base de El Palomar para ser indagado ocho meses después de su captura, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de la causa, tiene otros tres nuevos sospechosos en su escritorio.
El expediente, bajo la firma del juez Jorge Rodríguez, con una investigación impulsada por el secretario Ignacio Calvi, logró identificar a dos supuestos responsables de trasladar a las víctimas a la casa de Villa Vaettone, Florencio Varela, donde fueron apuñaladas aún después de muertas luego de ser torturadas. Un tercer sospechoso habría colaborado con la privación ilegítima de Brenda, Morena y Lara, aseguran fuentes claves del caso a Infobae.
Estas tres figuras, que se suman a los diez detenidos del caso identificados por la UFI de Homicidios de La Matanza, fueron descubiertas gracias a los testimonios de otros imputados y una testigo. Estos relatos fueron complementados con cruces de antenas e información de billeteras virtuales y viajes de autos de aplicación. La Justicia federal, por otra parte, convocó a Gendarmería y Prefectura a colaborar en el caso, históricamente investigado por la DDI de La Matanza, para evitar la saturación.
“Pequeño J” será indagado mañana vía Zoom desde una celda en la sede de la PFA en Villa Lugano, ubicada sobre la calle Madariaga. Deberá responder por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía, ensañamiento. Si es condenado, es prisión perpetua. Los otros imputados en el caso comparten la misma acusación.
Hay dos prófugos en el caso, ambos peruanos, que lo superan ampliamente en rango dentro de la banda. El primero es Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, que aseguró mediante abogados en el Juzgado Federal N° 2 que estaba en Perú al momento del hecho. El segundo, un paso arriba en la pirámide, es el narco Alex Ydone Castillo, investigado por ser el dueño de la droga supuestamente robada que motivó la represalia del triple crimen.
La semana pasada, la Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva para seis de los acusados. Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Miguel Ángel Villanueva Silva y Matías Agustín Ozorio, que se fugó a Perú junto a “Pequeño J” tras pasar clandestinamente a Bolivia. Los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones ratificaron los embargos por mil millones de pesos sobre los acusados.
Sin embargo, los dos magistrados dictaron la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, ubicado por los investigadores originales del caso como un posible capo local de la banda del Bajo Flores, con hipotéticos jefes máximos ubicados en la zona de Trujillo, Perú. Según testimonios en la causa, Cubas Zavaleta habría presenciado los asesinatos por videollamada en un celular oculto en su celda de la central de la calle Cavia de la PFA, donde se encontraba detenido por otro delito.
Una imputada lo complicó al señalar su imagen. Una testigo de identidad reservada declaró en su contra. Sin embargo, los camaristas aseguraron que las pruebas en su contra carecen de fuerza y pidieron que se investigue con mayor profundidad. Cubas Zavaleta, un ex policía que aseguró haber trabajado de zapatero en La Salada, negó los hechos y planteó un reciente habeas corpus por sus condiciones de detención.
