En el limbo, así quedó un proyecto de ley que proponía una pensión general de $600 para los jubilados que en Panamá reciben mensualmente menos de esa cantidad.
La pausa quedó sellada ante las críticas del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien afirmó que el proyecto no había sido consultado lo suficiente.
Mulino advirtió que si este era aprobado por el Órgano Legislativo, podía vetarlo.
La iniciativa proponía la creación de un fondo para equiparar los ingresos de jubilados y pensionados que estuvieran por debajo de $600, financiado mediante un cargo fijo de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que ingrese al país a través de los puertos nacionales, lo que introduce un cambio significativo en la carga económica del esquema.
El dinero para esta nivelación sería de aproximadamente unos $104 millones anuales.
Ahora mismo Panamá se encuentra en una posición compleja, porque no es tan competitivo como los otros puertos de la región, donde muchos de ellos tienen el 86% de ocupación o de utilización y los de Panamá están por debajo del 50 0 60%, argumentó René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá.
El movimiento de contenedores en Panamá mostró una leve contracción de 0.6% en el primer trimestre de 2026, al totalizar 2,353,235 TEU, frente a los 2,368,111 TEU del mismo período de 2025, reflejando un ajuste en la actividad portuaria en el inicio del año.
Este resultado se explica por una tendencia descendente en los últimos meses, ya que, aunque enero registró un crecimiento de 8.3%, el volumen cayó 2.7% en febrero y 7.2% en marzo, arrastrando el desempeño acumulado del trimestre.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) había rechazado “enérgicamente” la aprobación del proyecto, calificándolo como una medida improvisada, peligrosa y carente de sustento técnico que pone en riesgo la estabilidad económica, la competitividad del país y la seguridad jurídica.
Aunque la intención de apoyar a los jubilados de menores ingresos es legítima, el gremio sostuvo que este proyecto constituye un grave error de política pública al intentar resolver un problema estructural mediante decisiones aisladas que trasladan costos a sectores productivos clave.
Según los empresarios, la imposición de un cargo por cada contenedor (TEU) representa un golpe directo a la competitividad internacional del sector logístico y portuario, uno de los principales motores de la economía panameña.
“Gravar la plataforma logística del país es atentar contra nuestra propia competitividad”, advirtió su presidente Aurelio Barría Pino.
El gremio alertó que este tipo de medidas no se quedan en el sector afectado, sino que se trasladan a toda la cadena productiva, encareciendo bienes esenciales y golpeando directamente el bolsillo de los panameños.
Asimismo, cuestionó duramente el hecho de que se pretenda financiar obligaciones del sistema de pensiones con recursos ajenos a su estructura, sin estudios actuariales, sin claridad financiera y sin garantías de sostenibilidad. “Esto no es una solución: es trasladar el problema y agrandarlo”, señaló Barría Pino.
Ante el riesgo de que el proyecto sea vetado por el Ejecutivo, su proponente, la diputada Grace Hernández pidió la suspensión, aunque manifestó que solo se trata de una “pausa estratégica”.
“No retrocederemos, seguimos trabajando para garantizar que la ley se apruebe y se sancione. Esto no es un favor, es justicia”, aseguró, al tiempo que dejó saber que el proyecto puede retomarse en dos meses, cuando la Asamblea Nacional vuelva a sesionar.
.
