La Justicia dispuso prisión preventiva para ocho imputados en el caso Senasa 2.0, una investigación por un presunto desfalco de RD$ 40 millones (USD 672,577) al Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La decisión fue adoptada el domingo por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, informaron medios locales.
El magistrado también declaró complejo el proceso, tal como había solicitado el Ministerio Público. La medida habilita un período de investigación más amplio ante la cantidad de acusados y el alcance de los hechos bajo investigación.
El Ministerio Público había pedido 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar para los involucrados. La resolución judicial alcanzó a ocho de los imputados, mientras el expediente incluye a otros acusados que enfrentan cargos dentro de la misma causa.
La prisión preventiva es una medida cautelar, no una condena; las partes podrán presentar recursos y la Fiscalía deberá definir la acusación formal contra cada involucrado.
Imputados son enviados a Centros de Corrección
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, informaron las autoridades.
El caso involucra un supuesto esquema que habría provocado un perjuicio económico al Estado mediante operaciones vinculadas a Senasa. Según Diario Libre, los acusados forman parte de un grupo más amplio de personas sometidas a la Justicia por este expediente.
En el caso de las imputadas Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, el juez ordenó que cumplan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
El Ministerio Público de República Dominicana sostuvo que 706 medios de prueba presentados durante la audiencia de coerción llevaron a 13 imputados a admitir los hechos que se les atribuyen en la Operación Cobra 2.0-A.
El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que el material aportado por la fiscalía respalda la solicitud de medidas de coerción. El organismo pidió año y medio de prisión preventiva para parte de los acusados, mientras requirió arresto domiciliario para nueve personas que, según indicó, reconocieron los cargos y colaboran con la investigación.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, planteó que la causa excede los montos que cada investigado habría recibido. Según expuso, el bien jurídico afectado es el derecho a la salud, en un expediente que incluye presuntos pagos en efectivo, lo que dificultaría el rastreo bancario de una parte de las operaciones.
La fiscalía también solicitó que el expediente sea declarado complejo por la cantidad de hechos, víctimas y posibles implicados, bajo la hipótesis de delincuencia organizada.
La investigación se vincula con una primera fase de la Operación Cobra, que derivó el año anterior en el arresto del exdirector de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como presunto cabecilla de la estructura.
