El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, afirmó que el régimen ya aplica 158 de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio, equivalentes al 89% del paquete, con el respaldo de 197 normas jurídicas. Las medidas apuntan a descentralizar parte de la gestión económica y trasladarla a los municipios, así como ampliar las facultades de las empresas estatales en medio de la crisis que atraviesa la isla.
Marrero comunicó el avance al término de una reunión con presidentes de grupos empresariales estatales y autoridades locales, según informaron este domingo medios oficiales cubanos, citados por EFE.
El primer ministro del régimen sostuvo que las disposiciones ya comienzan a producir cambios en las capacidades productivas. “Ya se aprecian cambios que impulsarán las capacidades productivas y con ello habrá más oferta”, declaró. A su vez, señaló que ese proceso debería contribuir gradualmente a reducir los precios y a contener la inflación.
Nuevas competencias de gestión para los municipios
Uno de los apartados centrales del plan apunta a trasladar funciones hacia los municipios. Las nuevas competencias abarcan la administración, los recursos humanos, el presupuesto, las finanzas, la tributación local y la gestión ambiental.
También incluyen el enfrentamiento al cambio climático, la elaboración de proyectos, la administración del conocimiento y los programas de capacitación. La descentralización busca dar a las estructuras locales mayores herramientas para tomar decisiones y ejecutar políticas económicas.
El conjunto de normas incorpora cambios para dinamizar la agricultura, el comercio exterior, la inversión privada, la inversión extranjera y el sector inmobiliario. La producción agropecuaria ocupa un lugar central en las prioridades oficiales, en un contexto de escasez de alimentos y altos precios en los mercados de la isla.
La dictadura ha presentado las reformas como parte de una estrategia para corregir problemas estructurales de la economía.
Más autonomía para las empresas estatales y nuevas formas societarias
El paquete está organizado en 23 ejes temáticos y reúne decisiones orientadas a flexibilizar el funcionamiento de la economía. Entre los objetivos figura que la empresa estatal opere de forma más ágil, eficiente y articulada con otras formas de gestión.
Marrero insistió en la necesidad de utilizar las herramientas previstas en el Decreto Ley 114, que regula las asociaciones entre entidades estatales y no estatales. La norma busca aumentar la producción de bienes y servicios, sustituir importaciones, utilizar capacidades instaladas, elevar la competitividad empresarial y crear empleos.
El régimen cubano también contempla cambios en la estructura jurídica de las compañías públicas. Según explicó el primer ministro, la transformación de una empresa estatal en una sociedad mercantil por acciones o participaciones no implica una privatización.
La intención, indicó, es separar la propiedad de la gestión, captar capital privado nacional o extranjero y mejorar la eficiencia, la competitividad y las exportaciones. El diseño de las reformas prevé, además, una mayor participación del sector privado en determinadas actividades financieras.
Seis años de contracción económica y presión externa
Las reformas llegan cuando Cuba atraviesa una crisis económica desde hace seis años. De acuerdo con cifras oficiales, el producto interno bruto de la isla se contrajo el 15% durante ese período.
La situación combina factores internos y externos, entre ellos la baja productividad, la falta de divisas, las dificultades para importar insumos y combustibles, y el deterioro de sectores estratégicos como la agricultura y la generación eléctrica, así como el colapso de servicios básicos.
Desde enero, Estados Unidos aplica una política de “máxima presión” contra la isla, con un bloqueo petrolero y sanciones adicionales. Washington sostiene que esas medidas buscan promover cambios políticos y económicos en Cuba, mientras que el régimen cubano las señala como uno de los factores que agravan la crisis.
