Una eventual reducción del curso lectivo en Costa Rica, de 200 a 176 días, encendió las alertas entre transportistas estudiantiles y especialistas en educación, quienes advierten sobre posibles consecuencias para la alimentación de miles de niños, la protección de menores y la economía de negocios que dependen de la actividad escolar.
La Asociación de Transportistas ATRAE SOS manifestó su preocupación ante la posibilidad de eliminar 24 días de clases, al considerar que una decisión de esta naturaleza tendría repercusiones que van más allá del sistema educativo.
Según estimaciones preliminares de la organización, algunas empresas dedicadas al transporte estudiantil podrían enfrentar pérdidas de hasta ₡10 millones (USD 22 mil), dependiendo de su tamaño y de la cantidad de unidades que operan.
El sector advierte que, aunque disminuyan los días de servicio, los empresarios deben continuar cubriendo obligaciones como salarios, cargas sociales, préstamos, seguros y mantenimiento de vehículos.
“Nuestra preocupación va más allá de un sector económico. Estamos hablando de una decisión que podría afectar a miles de familias y estudiantes”, señaló Alexander Rojas, presidente de ATRAE.
El dirigente insistió en la necesidad de evaluar las consecuencias sobre la educación, la alimentación y las fuentes de empleo relacionadas con el funcionamiento de escuelas y colegios.
Comedores escolares podrían enfrentar una reducción de cobertura
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la continuidad de la alimentación que reciben estudiantes de familias en condiciones de vulnerabilidad.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación Pública (MEP) citadas por la asociación, durante el curso lectivo de 2025, el programa de alimentación escolar benefició a 789,160 estudiantes en 4,560 centros educativos.
Sin embargo, durante las vacaciones de medio año de ese mismo período, el Ministerio anunció la apertura de únicamente 226 comedores escolares para atender a 15,876 estudiantes.
Aunque ambas cifras corresponden a modalidades de atención diferentes, la organización considera que evidencian una importante diferencia en la cobertura anunciada durante el período lectivo y las vacaciones.
Ante este escenario, ATRAE solicita conocer cuáles serían las medidas para garantizar que los estudiantes continúen recibiendo alimentación si se concreta la reducción del calendario.
Especialistas advierten sobre riesgos educativos y sociales
Las preocupaciones también abarcan el rendimiento académico de los estudiantes costarricenses.
Los resultados de las pruebas PISA 2022 reflejaron que solamente el 28% de los estudiantes alcanzó el nivel básico en Matemáticas, mientras que en Lectura la proporción fue del 47%.
Para los especialistas citados por la asociación, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer la calidad educativa y analizar cómo se aprovecharía el tiempo disponible en las aulas.
Otro aspecto señalado es la función de protección que cumplen las escuelas y colegios para niños y adolescentes.
Según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) durante 2025 se recibieron 96,694 denuncias por presuntas vulneraciones de derechos de menores de edad.
Rocío Solís, especialista en niñez y adolescencia y exviceministra de Educación, advirtió que las condiciones familiares actuales deben considerarse antes de implementar cambios en el calendario.
“Hoy, muchas madres y padres trabajan fuera del hogar y deben buscar alternativas de cuidado”, explicó Solís.
La especialista destacó que los centros educativos también representan espacios de seguridad para menores expuestos a situaciones de violencia, negligencia o abandono.
Pequeños comercios también podrían resultar afectados
La eventual reducción de clases tendría repercusiones económicas sobre establecimientos que dependen del movimiento cotidiano de estudiantes, docentes y familias.
Entre ellos figuran sodas escolares, pulperías, panaderías, fotocopiadoras, proveedores de alimentos, librerías, zapaterías y tiendas de uniformes.
Según la asociación, disminuir los días lectivos podría modificar la demanda de productos y servicios, afectar la planificación comercial y reducir los ingresos de algunos negocios.
No obstante, el impacto dependería de las características de cada actividad económica.
“Lo importante no es únicamente cuántos días aparecen en el calendario, sino cuánto aprenden realmente nuestros estudiantes”, afirmó Alexander Rojas.
El presidente de ATRAE sostuvo que el país debe fortalecer la educación sin dejar de considerar las consecuencias sociales y económicas de una eventual modificación del calendario escolar.
¿Por qué se propone reducir el curso lectivo de 200 a 176 días?
La iniciativa es impulsada por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), que plantea reorganizar el calendario escolar para que las clases se desarrollen entre el 1.º de marzo y el 30 de noviembre, con un máximo de 176 días efectivos de lecciones.
El objetivo es que los docentes puedan dedicar las jornadas de enseñanza exclusivamente a los estudiantes, mientras que actividades como capacitaciones, planificación, evaluaciones y labores administrativas se realicen en períodos separados, sin interrumpir las clases. La propuesta contempla mantener 200 días laborales para los educadores, aunque con una distribución diferente de sus funciones. Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) analiza modificaciones al calendario de 2027, con el propósito de mejorar los aprendizajes y fortalecer la formación docente. Sin embargo, todavía no se ha confirmado la aplicación definitiva de una reducción a 176 días de clases.
