El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que revisará el Decreto Ejecutivo N.° 10, que reclasifica el transporte por aplicaciones como servicio de transporte selectivo de lujo (TL), luego de la controversia que la medida ha desatado en distintos sectores.
En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario dijo que el lunes se reunirá con autoridades de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y del Ministerio de Gobierno para escuchar los distintos puntos de vista, en medio de críticas de conductores, reacciones de plataformas y cuestionamientos desde el ámbito político.
La decisión presidencial se produce mientras el decreto sigue generando respuestas más definidas de Uber e inDrive, dos de las plataformas más visibles del mercado local, luego de que la nueva regulación impusiera requisitos más estrictos para conductores, vehículos, prestatarias e intermediarias tecnológicas.
El decreto que reclasifica el transporte por aplicaciones en Panamá como un servicio de transporte selectivo de lujo (TL) sigue generando reacciones, ahora con respuestas más definidas de Uber e inDrive, dos de las plataformas más visibles del mercado local.
La norma, contenida en el Decreto Ejecutivo N.° 10 del 16 de abril de 2026, cambia la base regulatoria del servicio solicitado por medios digitales, impone nuevas exigencias a conductores, vehículos, prestatarias e intermediarias tecnológicas, y reabre una discusión de fondo sobre el futuro de un modelo que durante años operó con mayor flexibilidad.
La reacción de Uber fue medida, pero reveladora. La empresa informó que evaluará el alcance del decreto para determinar si los taxis de lujo podrán integrarse a la tecnología de su aplicación en Panamá.
En su comunicado, sostuvo que, “en función del Decreto No. 10”, analizará las condiciones para esa eventual incorporación, al tiempo que reiteró que su compromiso sigue siendo aportar a la movilidad urbana con los estándares de seguridad que, según la compañía, ofrece su tecnología.
En otras palabras, Uber no cerró la puerta al nuevo esquema, pero tampoco confirmó una adaptación inmediata ni automática.
La postura de inDrive fue más extensa y más crítica. En su comunicado, la empresa dijo que reconoce los esfuerzos de las autoridades panameñas por avanzar hacia un marco regulatorio del servicio de movilidad, pero subrayó que la regulación debe ser inclusiva, considerar la realidad de los distintos actores del ecosistema y evitar impactos negativos sobre quienes encuentran en estas plataformas una fuente flexible de ingresos.
La compañía advirtió que el modelo propuesto introduce condiciones que, lejos de ordenar sin costos, podrían restringir la operación y alterar la disponibilidad del servicio para usuarios y conductores.
El punto más sensible del pronunciamiento de inDrive es su advertencia de que las nuevas medidas podrían perjudicar a más del 95% de los conductores que hoy utilizan la plataforma.
La empresa vincula ese cálculo a la exigencia de un esquema parecido al del transporte tradicional, con requisitos como placas, distintivos específicos, certificado de operación y el aval de una organización de transporte prestataria.
Según inDrive, ese conjunto de condiciones limitaría la participación de conductores que hoy operan con flexibilidad, muchas veces de manera parcial o como complemento de otros ingresos, y que no necesariamente podrían cumplir con todas las nuevas reglas.
La crítica de la empresa no se queda en el impacto laboral. inDrive sostiene que este paquete de requisitos introduce barreras operativas y administrativas que podría sacar del sistema a una porción relevante de los actuales conductores, afectando de forma directa la disponibilidad de unidades en buena parte del territorio panameño.
También advierte que la posible definición de cupos por zona podría restringir oportunidades de ingreso y, al mismo tiempo, reducir la oferta para el usuario final. En un mercado de movilidad que la empresa describe como altamente dinámico, una menor cantidad de conductores podría traducirse en mayores tiempos de espera y precios más altos.
Ese señalamiento conecta con uno de los aspectos más controvertidos del decreto: la obligación de que el conductor no opere de manera independiente, sino a través de una prestataria autorizada. La nueva regulación exige que esas organizaciones presenten un estudio técnico, económico y social para justificar la necesidad del servicio y la cantidad de vehículos autorizados en cada zona.
Esa figura no es menor en Panamá. Su modelo ha sido cuestionado durante años por la falta de transparencia en el manejo de cupos para taxis y buses, por lo que el nuevo marco podría trasladar a las plataformas digitales una estructura que ya arrastra críticas dentro del transporte público tradicional.
El decreto también endurece las condiciones para los autos y los conductores. Los vehículos no podrán tener más de siete años de antigüedad al momento de ingresar al sistema, deberán portar calcomanías visibles con el logo de la plataforma y de la prestataria, además de una placa especial TL emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
Los conductores, por su parte, deberán ser panameños, contar con licencia tipo E-1, mantener un récord policivo limpio en los últimos diez años y presentar paz y salvo por infracciones menores. A eso se suma que las plataformas no podrán administrar directamente los certificados de operación, reduciendo su papel al de intermediarias tecnológicas.
Desde el Gobierno, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha defendido la medida como una corrección necesaria tras años de conflicto e indefinición regulatoria.
Según la funcionaria, el nuevo decreto atiende un problema que existía desde hace tiempo, pone orden en una actividad que operaba parcialmente en la ilegalidad y permite que el Estado sepa quién transporta a los usuarios y bajo qué condiciones.
Montalvo sostiene que el decreto responde a un mandato legal y a la necesidad de someter a supervisión estatal una actividad vinculada al traslado directo de personas, aun cuando la intermediación tecnológica siga existiendo.
En medio de esa tensión regulatoria, en redes sociales comenzó a circular una convocatoria dirigida a conductores de plataformas para realizar el lunes 20 de abril un apagón de servicio y una caravana por las principales avenidas de la ciudad de Panamá.
El contenido, difundido en grupos públicos de Facebook, plantea una jornada de protesta contra el nuevo esquema. Hasta ahora, esa convocatoria circula como un llamado en redes y no como una acción oficialmente confirmada por las empresas, pero refleja el nivel de malestar que el decreto ha comenzado a provocar entre parte de los choferes.
Por su parte, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, cuestionó la nueva reglamentación del transporte por aplicaciones al considerar que representa un retroceso en materia de innovación.
El decreto ya está publicado. Lo que todavía no está claro es si logrará ordenar el mercado sin vaciarlo de parte de los actores que lo hicieron crecer.
