En la previa a la marcha universitaria por la falta de cumplimiento de la Ley de financiamiento aprobada en el Congreso, el Gobierno decidió un recorte de $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y dejó sin efecto las transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.
Así fue oficializado a través de la Decisión Administrativa 20/2026. La mayor reducción recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713, con impacto directo en las transferencias a las provincias para su ejecución.
El Ejecutivo también suprimió el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales, con una quita de $8.929.835.294.
En materia de infraestructura escolar y equipamiento, el ajuste sumó $21.686.636.818. El programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” tuvo una baja de $6.649.536.538, dentro de la cual las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones.
La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000.000.000.
El recorte también alcanzó a las universidades nacionales: el anexo de la medida registró una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, con obras suspendidas en trece casas de estudio.
La Universidad Nacional de La Plata fue la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguieron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.
Vale mencionar, en el marco del reclamo universitario que, según estimó el CEPA; el presupuesto del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, que agrupa a las universidades nacionales, acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 bajo la gestión de Javier Milei.
Proyectado en pesos constantes a diciembre de 2026 —según la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central—, el crédito vigente asciende a $4,87 billones, lo que profundiza esa brecha hasta una retracción acumulada del 41,6% frente a 2023.
La comparación con la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada por el Congreso, amplía la dimensión del recorte. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto de las universidades nacionales habría llegado a $8,49 billones a valores de 2026, con un crecimiento real del 33,8% respecto del nivel vigente en 2025 y apenas 1,9% por encima del de 2023, lo que equivalía a una recuperación casi plena del terreno perdido.
El proyecto del Gobierno apunta en otra dirección. El incremento propuesto del 13,1% elevaría el crédito a $5,51 billones a valores de 2026, pero en términos reales eso representa una caída del 2,1% frente a 2025 y del 33,9% respecto de 2023.
“Por lo tanto, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por el Gobierno, el proyecto del Ejecutivo consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de universidades nacionales 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la ley aprobada en el Congreso”, señaló el CEPA.
Mientras tanto, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobás una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.
“Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votara el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque incumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, subrayó.
Con información de NA
