El sistema de transporte urbano en Honduras atraviesa una de sus mayores tensiones en los últimos años. A la amenaza de paro de labores anunciada por los dirigentes del sector, se suma un escenario más complejo: un esquema de subsidios estatales que, aunque ha evitado incrementos en el pasaje, no logra sostener la operatividad del sector.
Los transportistas advierten que la deuda acumulada por concepto del bono compensatorio, que ya supera los cinco meses, ha profundizado una crisis financiera, poniendo en riesgo la continuidad del servicio en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.
Uno de los puntos críticos radica en que la tarifa del transporte urbano no ha sido actualizada conforme a la ley, que establece revisiones periódicas. Mientras tanto, los costos operativos , en particular el combustible, han aumentado de forma sostenida.
Dirigentes del sector afirman que el costo real del pasaje alcanzaría los veintitrés lempiras si se reflejaran los gastos actuales, casi el doble de lo que el usuario paga hoy. Frente a esta situación, el Gobierno mantiene congelada la tarifa y absorbe los incrementos mediante subsidios temporales. Esta medida busca evitar un impacto social inmediato, pero es considerada insostenible a mediano plazo.
Amenaza de protesta
En este contexto, los dirigentes del transporte señalan que la falta de pago del subsidio dejó al sector sin liquidez para cubrir gastos básicos como mantenimiento, combustible y compromisos financieros. Aseguran que el bono compensatorio se ha convertido en una obligación incumplida que agrava la crisis.
El posible paro amenaza con paralizar un servicio del que dependen millones de hondureños, especialmente en zonas urbanas donde el transporte público es la principal opción de movilidad.
Mientras el transporte urbano permanece bajo el esquema de subsidio, otros sectores han recibido aumentos recientes. El transporte interurbano registra incrementos de hasta el 15 %, y el suburbano llega hasta un 30 %, trasladando directamente el costo al usuario.
Incluso modalidades como el taxi colectivo han experimentado alzas autorizadas, evidenciando un tratamiento diferenciado dentro del sector. Esta desigualdad es uno de los principales reclamos de los transportistas urbanos, quienes consideran estar en desventaja frente a otros segmentos.
Desde 2022, el transporte urbano opera bajo un modelo en el que el Estado subsidia parte del pasaje para evitar trasladar el costo real al usuario. En Tegucigalpa, la tarifa se mantiene en trece lempiras gracias a un aporte estatal que cubre entre dos y tres lempiras por pasajero.
Este mecanismo fue creado para amortiguar el efecto de los combustibles y proteger a los sectores más vulnerables. En la práctica, ha generado una fuerte dependencia del sector hacia los pagos gubernamentales.
De acuerdo con autoridades y dirigentes, el bono compensatorio oscila entre tres y cinco lempiras por pasajero en algunas ciudades, dependiendo de los ajustes recientes. Además, el Estado ha destinado centenas de millones de lempiras para mantener este esquema de compensación.
Tarifas congeladas
Las autoridades sostienen que el subsidio es una medida transitoria para contener los efectos de la crisis internacional de combustibles. El Gobierno reitera que continuará con este apoyo para evitar aumentos en el corto plazo.
No obstante, reconoce la necesidad de revisar la tarifa en mesas técnicas junto al sector transporte, con el fin de buscar un equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección al usuario.
El conflicto revela un problema estructural de fondo: un sistema de transporte con tarifas desactualizadas, subsidios irregulares y una gran exposición a factores externos como el precio internacional del combustible.
Mientras no se logre un acuerdo integral que redefina la tarifa real, garantice pagos oportunos y modernice el sistema, el transporte urbano en Honduras continuará atrapado entre la presión social de no aumentar el pasaje y la imposibilidad económica de sostener el servicio.
