El Ministerio de Gobierno introdujo 13 grupos de modificaciones al pliego de cargos para la construcción del Complejo Penitenciario de Provincias Centrales y extendió hasta el 13 de agosto de 2026 el plazo para recibir las propuestas de las empresas interesadas.
La presentación estaba programada inicialmente para el 23 de julio, pero la primera adenda trasladó la entrega hasta las 10:00 a.m. del 13 de agosto, mientras que la apertura de las ofertas se realizará un minuto después. El cambio concede tres semanas adicionales a los participantes para preparar la documentación técnica, financiera y legal requerida.
La segunda adenda modificó algunas de las condiciones señaladas durante la reunión de homologación. Uno de los principales ajustes se produjo en el requisito de capital de trabajo: el documento original exigía que la suma correspondiente a 2024 y 2025 alcanzara al menos el 50% del precio de referencia. Ahora se tomará únicamente el estado financiero de 2025 y se exigirá un mínimo de $50 millones.
También se aclaró que las empresas podrán presentar hasta tres cartas de referencias comerciales para acreditar líneas de crédito de proveedores equivalentes al 5% del valor del proyecto. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio, cualquiera de sus integrantes podrá aportar esas cartas.
En materia de experiencia, se mantuvo la exigencia de presentar cinco certificaciones: dos relacionadas con obras de alta complejidad por al menos $100 millones y tres correspondientes a infraestructuras de seguridad.
Sin embargo, se precisó que, para acreditar experiencia obtenida mediante un consorcio anterior, la empresa deberá haber mantenido una participación igual o superior al 50%, en lugar de exigir que esta fuera estrictamente mayor.
Otro cambio amplió de 10 a 15 años la experiencia profesional considerada para arquitectos, diseñadores estructurales, gerentes de proyectos, residentes de obra e ingenieros electromecánicos. Además, se detallaron nuevas formas de certificar los proyectos ejecutados, mediante planos, notas notariales de empleadores y documentos que identifiquen el cargo, el período de participación y las obras realizadas.
Las modificaciones también alcanzaron las especificaciones de la infraestructura. Aunque el complejo mantendrá una capacidad para 3,000 privados de libertad, el sistema de agua potable y el tanque de reserva deberán dimensionarse para atender a 3,900 personas, al incluir también a custodios, funcionarios y demás personal que operará en las instalaciones.
En el componente estructural, la resistencia recomendada del concreto aumentó de 280 a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Para las celdas se establecieron camas de acero inoxidable de calibre mínimo 12 y mobiliario, sanitarios, lavamanos y divisiones con materiales antivandálicos de calibre mínimo 14.
La adenda también precisó que los equipos tecnológicos deberán incluir integración, pruebas de funcionamiento y capacitación básica del personal. Se incorporaron referencias internacionales para videovigilancia, control de accesos, cableado y seguridad electrónica, sin restringir la participación de fabricantes.
El mantenimiento preventivo y correctivo se extenderá durante 1,095 días, equivalentes a 36 meses. Para reparaciones y fallas imprevistas se fijó un máximo de $1 millón, que solo podrá utilizarse cuando se produzcan eventos debidamente sustentados.
Los ajustes responden, en parte, a las observaciones formuladas por 18 empresas nacionales e internacionales durante la reunión previa. Entre las asistentes estuvieron Sucursal de Obras Huarte Lain Panamá, Contracta-UK, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura.
También han mostrado interés CTL Ingeniería, Global Delfos International, Constructora de León, Asocsa, LAC Consulting, Tutum Tech, Eduadvance, Negocios Triple RRR, Impex Comercial, Centroequipos, Padeco Seguros y Assa Compañía de Seguros.
El complejo será construido en Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera, bajo la modalidad de estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento. Tendrá capacidad para 3,000 privados de libertad, distribuidos entre módulos de mínima, media y alta seguridad.
El proyecto de $177.2 millones incluirá pabellones, celdas, áreas educativas, médicas y deportivas, talleres, espacios de atención psicosocial, sistemas de vigilancia, edificios administrativos e instalaciones para 450 custodios.
La obra busca responder al hacinamiento penitenciario: Panamá mantiene 24,831 privados de libertad en instalaciones diseñadas para 14,695, una sobrepoblación superior a 10,000 personas.
Sin embargo, residentes y autoridades locales de Santa María mantienen su rechazo. La comunidad considera que una inversión de esa magnitud debería priorizar agua potable, carreteras, escuelas, alcantarillados, instalaciones deportivas y proyectos productivos, y teme que la cárcel modifique la identidad agrícola, comercial y educativa de la región.
