La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Patricia Vargas González, advirtió que las restricciones presupuestarias previstas para 2027 podrían provocar el cierre de despachos judiciales, afectar investigaciones criminales y limitar los servicios que reciben miles de ciudadanos.
Las declaraciones fueron brindadas durante su primera conferencia de prensa, después de resultar electa con 12 votos de los magistrados de Corte Plena. Vargas ejercerá el cargo durante cuatro años y se convirtió en la segunda mujer en presidir el Poder Judicial en sus 200 años de historia.
Uno de los temas centrales de su intervención fue el presupuesto institucional, que, según explicó, contempla condiciones para utilizar aproximadamente ₡30,000 millones (USD 65 millones), además de restricciones sobre 2,463 plazas vacantes.
“Yo estoy convencida de que ese presupuesto no solo tiene roces de constitucionalidad, sino que supone un golpe muy duro para la vida democrática de nuestro país”, manifestó Vargas.
La magistrada explicó que parte de los recursos comprometidos están destinados a tecnología, incluyendo sistemas informáticos necesarios para las notificaciones judiciales y el funcionamiento de los despachos.
Advirtió que, si las restricciones se mantienen, algunas oficinas podrían quedarse sin el personal necesario para operar.
“Probablemente, eso suponga el cierre de ese despacho”, señaló al referirse al eventual retiro de una plaza que resulte indispensable para mantener abierto un juzgado.
También mencionó que las limitaciones podrían repercutir en los operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra organizaciones criminales.
Ante este escenario, anunció que impulsará un plan de contingencia junto con las direcciones técnicas del Poder Judicial para identificar los servicios que podrían verse afectados.
Dispuesta a reunirse con Laura Fernández, pero exige respeto
Vargas también se refirió a las tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado.
Aseguró que mantiene disposición para establecer conversaciones con el Poder Ejecutivo, aunque insistió en que cualquier acercamiento deberá desarrollarse bajo condiciones de respeto institucional, buena fe y reconocimiento de la independencia de poderes.
“Nosotros no podemos degradar la discusión con ataques personales o ataques que dividen y que polarizan”, afirmó.
La nueva jerarca explicó que una eventual reunión con Fernández será uno de los asuntos prioritarios que analizará durante el inicio de su gestión, aunque no confirmó una fecha.
Asimismo, rechazó las afirmaciones de la mandataria sobre una supuesta penetración del crimen organizado en el Poder Judicial.
“Es una frase que no comparto de ninguna manera. La rechazo. Me parece que no se corresponde con la realidad del Poder Judicial”, respondió al ser consultada sobre esas declaraciones.
Vargas reconoció que han existido casos de corrupción dentro de la institución, pero sostuvo que estos han sido detectados e investigados por los propios órganos judiciales.
Rezago judicial será una de sus prioridades
Otro de los principales compromisos anunciados por la nueva presidenta es reducir los atrasos en los procesos judiciales, especialmente en materia penal.
Según explicó, durante 2025 se dictaron más de 17,500 sentencias que permitieron finalizar procesos. Sin embargo, reconoció que el ingreso de nuevos expedientes continúa superando la capacidad de respuesta institucional en algunas áreas.
Indicó que actualmente existe capacidad para resolver aproximadamente el 80% de los asuntos que ingresan en materia penal, lo que contribuye a la acumulación de casos pendientes.
Para enfrentar este problema, planteó priorizar los expedientes más antiguos, fortalecer el monitoreo de los despachos, impulsar reformas legales y ampliar el uso de herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial y expedientes electrónicos.
La magistrada también se comprometió a mejorar la comunicación del Poder Judicial con la ciudadanía, mediante explicaciones más claras sobre las decisiones judiciales y una mayor apertura hacia los medios de comunicación.
Vargas, quien integra la Sala Tercera desde 2023, reemplaza a Orlando Aguirre Gómez en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y asumirá la responsabilidad de dirigir la institución hasta 2030.
