El crimen y la violencia le cuestan a nuestra región 3.4 puntos de su PIB, el equivalente al 78% de su presupuesto público de educación. Ningún país, por capaz que sea, puede sostener solo el horizonte que todo esto exige.
En varios países de la región se ha documentado el reclutamiento de niños para fines criminales, incluso menores de diez años. Esto ocurre más por incentivo que por coerción. Las organizaciones criminales construyen lazos afectivos, de pertenencia e identidad con los menores, y terminan ocupando espacios donde el Estado está presente, pero no siempre de la manera que las comunidades necesitan.
Una lógica similar ocurre donde el crimen se instala sobre economías legales y las convierte en ilícitas como la minería, la madera y la pesca. Se trata de plantar raíces en espacios débiles articulando inversiones que no buscan obtener ganancias inmediatas, sino generar ingresos difíciles de rastrear en el futuro. Para sostener estas operaciones, las organizaciones criminales necesitan protección. En algunos casos, la encuentran dentro de las cárceles que han dejado de ser el final de la cadena penal para volverse una primera línea de coordinación criminal. Desde allí se administran operaciones y se recluta. El crimen organizado planifica con una visión que trasciende gobiernos, presupuestos, ciclo político y fronteras.
Estos son algunos ejemplos que revelan una característica central del crimen organizado: su capacidad para actuar pensando en las próximas generaciones, diversificar operaciones más allá de las fronteras, y planificar a largo plazo.
Frente a las capacidades dinámicas, adaptativas y de planificación del crimen organizado, la región solía responder desde la urgencia, con planes domésticos que terminaban en la frontera. Cada crisis generaba una intervención y cada alza de violencia, nuevas medidas.
Eso fue lo que llevó a más de 270 participantes de casi 30 países y distintas instituciones a reunirse en Brasilia, en la tercera Cumbre Regional de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. Creada hace dos años, la Alianza tiene al BID como secretaría técnica, financia, coordina y aporta la evidencia. Su trabajo responde a tres prioridades que los propios gobiernos han identificado: proteger a las comunidades más vulnerables frente al reclutamiento criminal, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y desarticular los flujos financieros del crimen. En esta edición, Brasil asumió la presidencia pro tempore, sucediendo a Argentina.
Estas y otras acciones muestran que el verdadero valor del BID para la región está en su capacidad técnica y de convocatoria, tanto como en los recursos que moviliza. Eso es lo que multiplica el valor de cada operación. En el 2024, el BID aprobó US$185 millones en operaciones de seguridad ciudadana. Para 2026, la cartera supera los US$1.400 millones, equivalente al 60% de la meta trienal fijada en la cumbre anterior. Por ello, en Brasilia decidimos elevar nuestro compromiso a US$4.000 millones hasta 2028.
Pero el financiamiento no es suficiente. También debemos mejorar la forma en que medimos el problema. En la región más violenta del mundo, los homicidios dominan el debate público, pero cuentan solo una parte, no registran la extorsión, el lavado de activos, los mercados ilegales, el control territorial ni el reclutamiento. Una región que solo mide muertes no ve la mayor parte de lo que el crimen organizado hace.
En la Cumbre hicimos un balance del trabajo realizado y definimos nuevas acciones conjuntas. Avanzamos en dos nuevos frentes: el nuevo sistema regional de intercambio de antecedentes penales, ya en fase piloto, y un Observatorio del Crimen Organizado Transnacional integrado por fiscalías nacionales, para fortalecer la persecución de estructuras que operan más allá de las fronteras. También reforzamos la capacidad de actuar, incorporando a INTERPOL como socio, que se une a nuestra Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida, una iniciativa que brinda asistencia técnica en cuestión de días, y que ya ha apoyado el diseño de planes nacionales de seguridad.
La apuesta del crimen organizado es seguir reclutando niños, lavando dinero con paciencia, operando desde las cárceles, disputando el territorio al Estado en las calles y en el ciberespacio. Apuesta también a la fragmentación, confiando en que cada país enfrente por separado problemas que desde hace tiempo dejaron de ser exclusivamente nacionales. Nuestra apuesta es distinta. Se basa en algo que el crimen no puede comprar: la confianza entre instituciones y entre países. Las redes criminales pueden adquirir tecnología, corromper funcionarios y esperar el paso de los gobiernos. La confianza, en cambio, se construye a través del tiempo con cooperación y acciones concretas. Por eso el tiempo deja de ser su ventaja y empieza a ser la nuestra.
Ninguna estrategia criminal es más fuerte que una región que piensa a largo plazo y decide actuar unida.
Eduardo Vergara es jefe de la División de Seguridad Ciudadana del BID y Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo.
