Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizaron el 19 de junio de 2026 la transferencia de decenas de propiedades estatales al INSS, una medida presentada como un refuerzo de la seguridad social que vuelve a poner en foco la situación financiera del instituto y el destino de bienes que el Estado incorporó en los últimos años mediante confiscaciones, ocupaciones y cancelaciones de personerías jurídicas.
Entre los inmuebles incluidos figuran al menos 15 propiedades en Managua, al menos nueve en Rivas, tres en León y cinco en Estelí. Los acuerdos también mencionan una propiedad en Matagalpa, una en Granada, una en Masaya y una en Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
Según los acuerdos presidenciales publicados en La Gaceta, Diario Oficial, la transferencia se realiza bajo el argumento de “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”. Los documentos facultan a la procuradora general de justicia, como representante legal del Estado, para comparecer junto con el presidente del instituto ante la Notaría del Estado y firmar las escrituras públicas de donación.
Los acuerdos no informan cuánto valen los inmuebles ni cuál será su uso
La respuesta central que dejan los documentos es esta: el Estado traspasará al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social bienes inmuebles ubicados en varios departamentos del país, pero no informa su valor económico, su destino específico ni el mecanismo con el que esos activos fortalecerían las finanzas o la operación del organismo.
La justificación oficial se repite en los acuerdos: aumentar la cobertura para trabajadores y sus familias y reforzar la capacidad institucional del instituto para ejecutar proyectos vinculados con la seguridad social. Los textos no precisan si las propiedades serán destinadas a infraestructura, venta, garantía financiera o administración patrimonial del INSS.
De acuerdo con las publicaciones oficiales, los bienes están ubicados en Managua, Matagalpa, Granada, Masaya, Rivas, León, Estelí y Bluefields. La distribución territorial sugiere una operación de alcance nacional, aunque el detalle entregado por el diario oficial se limita a números absolutos de propiedad y a la ubicación general de los inmuebles.
Los acuerdos también autorizan al presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a presentar ante el consejo directivo la aceptación formal de la donación. A la Procuraduría General de Justicia le permiten incorporar en los contratos las cláusulas que considere necesarias para resguardar los intereses del Estado.
Esa misma autorización se extiende a los actos jurídicos, judiciales, administrativos, notariales y registrales requeridos para concretar las transferencias. El diseño legal deja en manos de la Procuraduría la ejecución completa del proceso.
La transferencia reabre dudas sobre el origen de los bienes y la crisis del seguro social
La decisión llega en medio de cuestionamientos persistentes sobre la situación del INSS, una institución señalada desde hace años por déficit, falta de transparencia y reformas que elevaron la carga sobre trabajadores y empleadores. En ese contexto, el traslado de propiedades puede leerse como un respaldo patrimonial, un reordenamiento de activos estatales o una forma de sostener financieramente al instituto.
Otra duda abierta es el origen de algunos inmuebles. Los acuerdos indican que pertenecen al Estado de Nicaragua, pero no detallan el historial de cada propiedad ni aclaran si alguna forma parte del inventario de bienes que el Estado sumó tras procesos de confiscación, ocupación o cancelación de personerías jurídicas.
Citado por La Gaceta, el argumento oficial se concentra en el fortalecimiento institucional del seguro social. La publicación oficial no incluye avalúos, estudios técnicos ni una justificación financiera que permita medir el impacto real de la transferencia.
Tampoco se establece si el instituto tendrá facultad para vender, administrar, hipotecar o destinar esos bienes a proyectos propios. Esa ausencia de información deja sin respuesta el punto más concreto de la operación: de qué manera un conjunto de propiedades estatales se convertirá en una mejora efectiva para la seguridad social en Nicaragua.
