La posibilidad de que Marine Le Pen quede fuera de las elecciones presidenciales de Francia en 2027 se resolverá en cuestión de días, cuando el tribunal de apelaciones emita su veredicto definitivo. Si el fallo que se conocerá el próximo martes 7 de julio confirma la condena previa, la dirigente de Agrupación Nacional (RN) no podrá competir por el puesto que ha buscado durante más de una década.
En caso de confirmarse la inhabilitación, Le Pen se vería impedida de presentarse a la primera vuelta prevista para el 18 de abril del próximo año. Además, la imposición de un arresto domiciliario complicaría aún más su participación, pues restringiría de manera significativa su capacidad de campaña.
Durante el juicio de apelación, Le Pen sostuvo ante la corte que su formación actuó “de completa buena fe” y rechazó que existiera un sistema deliberado para desviar fondos del Parlamento Europeo. Sin embargo, la fiscalía defendió que la líder ultraderechista “profesionalizó” una práctica introducida por su padre, Jean-Marie Le Pen, al asumir el control del partido en 2011.
La dirigente política fue condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, con dos en suspenso, y a una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, tras ser hallada culpable de emplear fondos europeos en beneficio de personal del partido en Francia entre 2004 y 2016. La acusación sostiene que el monto malversado asciende a varios millones de euros.
Le Pen declaró públicamente que solo decidirá si se presenta a las presidenciales después de conocer el resultado del tribunal. “No tengo miedo”, aseguró esta semana antes del fallo, y remarcó: “Si puedo presentarme, lo haré, siempre y cuando pueda hacer campaña”.
En caso de quedar fuera, la líder de RN sugirió que Jordan Bardella, actual presidente del partido y figura en ascenso con 30 años, podría asumir la candidatura. “Cuando eres candidato a la presidencia, necesitas tener total libertad de movimiento”, expresó Le Pen en una entrevista con el canal LCI y sumó que no puede depender de un magistrado para asistir a actos públicos.
El proceso judicial implica también a 24 ex diputados europeos, asistentes y contables, además del propio partido RN, acusados de operar un esquema para desviar recursos comunitarios. El tribunal dictaminó en primera instancia que existió una “estafa de empleos falsos” durante más de una década.
Le Pen calificó la investigación como una “caza de brujas” y denunció que algunos de sus seguidores enviaron amenazas de muerte a los jueces. Tanto ella como el partido y otras 11 personas presentaron una apelación. La fiscalía solicitó mantener la prohibición de cinco años y propuso una condena de cuatro años de prisión, con tres en suspenso, por el desvío de fondos.
Las encuestas recientes indican que la ultraderecha francesa lideraría la primera vuelta de los comicios de 2027, aunque existe incertidumbre respecto al desenlace en la segunda vuelta. Un sondeo de Harris Interactive Toluna realizado en mayo a más de 1.700 votantes mostró que Le Pen podría imponerse tanto a Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda radical, como a los ex primeros ministros Gabriel Attal y Édouard Philippe.
La resolución del tribunal no solo definirá el futuro inmediato de la figura más relevante de la extrema derecha francesa, sino que también podría reconfigurar el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales.
(Con información de AFP)
