El tiroteo protagonizado por un adolescente que terminó con la muerte de un chico de 13 años en el colegio Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, se convirtió en un efecto contagio que impactó en los cerámicos de escuelas de todo el país y entre los teléfonos de los alumnos. Así, se formó un macabro slogan: “Mañana tiroteo”.
Las denuncias de escuelas y padres comenzaron a acumularse con rapidez. El número de estas denuncias es notable. Entre el mediodía del miércoles y el comienzo de este viernes, la Justicia de San Isidro acumuló 600 casos provenientes de graffitis y posteos furtivos en redes sociales, con un cuerpo de investigaciones encabezados por el fiscal Andrés Zárate, a cargo de la Fiscalía Penal y Juvenll de la zona.
Con 60 comisarías en una jurisdicción que abarca de Vicente López a Tigre, cada dependencia policial cubre de 8 a 10 escuelas. El desborde es evidente. “En un mismo colegio hay de 10 a 12 denuncias de distintos alumnos”, asegura una alta fuente en el expediente.
La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nro 1 “Eduardo Ader”, ubicada en Villa Adelina, fue una de tantas investigadas. Un alumno del lugar fue aprehendido por la Policía Bonaerense. El chico, que sería de edad punible, fue individualizado por su perfil de Instagram, luego de que posteara una story con la supuesta amenaza.
La problemática también se repite en la zona oeste, donde, la semana pasada, la DDI de La Matanza allanó a un ex alumno del colegio parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi luego de que supuestamente difundiera en un grupo de WhatsApp de alumnos los “iba a matar a todos los del curso, menos a los nuevos”, de acuerdo a una fuente de la causa.
Luego, envió fotos de armas de fuegoal grupo de WhatsApp, donde el menor en cuestión tenía un amigo cercano. Todo, desde un número privado. La posible masacre que iba a cometer, sin embargo, fue suspendida por lluvia.
Una madre de la escuela fue quien precisamente denunció el hecho. Así, la Justicia de Menores de La Matanza ordenó una investigación que incluyó patrullajes a la escuela. La DDI, finalmente, rastreó al ex alumno, que había dejado el colegio Savio hace dos años. Se descubrió que el chico, hijo de padres separados, realizaba un tratamiento psiquiátrico.
Diez años atrás, el fallecido fiscal federal Federico Delgado había identificado una problemática similar con las amenazas de bomba en escuelas porteñas, particularmente en épocas de exámenes. Lo que suele ser una jugada juvenil para evitar un aplazo invariablemente termina en Comodoro Py. Las amenazas de bomba constituyen un delito de intimidación pública que, por ley, debe ser investigado por la Justicia federal.
Delgado, para su análisis, tomó los expedientes de dos de sus turnos.El primero, entre el 16 y el 31 de mayo de 2014. En ese lapso, el fiscal recibió apenas 14 hechos.Pero entre el 16 y el 30 de noviembre, también de 2015 y en plena época de exámenes, el pico fue al menos fuerte: hubo 130 causas iniciadas, un promedio de 8,66 llamados diarios en el 911 o en la escuela misma.
