La Policía y los inspectores municipales decomisaron alimentos, productos de aseo, pesas digitales y carretillas durante un operativo realizado el viernes en los alrededores del mercado de 17 y K, en El Vedado habanero, contra vendedores acusados de ilegalidades. La acción, encabezada por el presidente del Consejo Popular Rampa, Pedro Lizardo Garcés Escalona, derivó en ocho multas por 103.800 pesos (USD 4.33), según 14ymedio.
El despliegue alcanzó nueve puntos de venta. La operación volvió a concentrar críticas en un contexto de aumento de los delitos violentos. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos en 2025, un 115% más que el año anterior, entre ellos 1,536 robos; Cubalex documentó 52 homicidios en agosto, frente a los 37 registrados en julio.
El inventario incluyó 16 botellas de aceite de 900 mililitros, 23 paquetes de detergente, 19 jabones de lavar, 13 jabones de baño, café, refrescos en polvo y productos agrícolas. Entre estos últimos había casi 20.9 kilogramos de papa (46 libras), 23.6 kilogramos de cebolla morada (52 libras), 16.1 kilogramos de limón (35.5 libras) y 59 aguacates.
La mercancía confiscada fue destinada, según las autoridades, a las escuelas Arturo Montory Céspedes y Orlando Pantoja Tamayo y al Sistema de Atención a las Familias El Rampeño. Aunque no se difundieron documentos que permitieran comprobar esas entregas.
Rolando Carpio Crespo cuestionó el control posterior de los productos en un comentario a la publicación oficial. “El problema está ahora en el inventario de productos entregados a esas instituciones, el seguimiento y control de los mismos, su destino final”, escribió.
Las dudas tienen antecedentes. En septiembre de 2025, una empresa estatal de Las Tunas perdió 250 kilogramos de productos cárnicos, incluidos unos 50 kilos de carne de res que habían sido decomisados por la Policía.
El director de la entidad admitió que las confiscaciones permanecían durante horas sin refrigeración antes de llegar a su destino. Los alimentos quedaron inutilizados después de un apagón de 26 horas y fueron incinerados.
Las carretillas ya habían sido blanco de otro operativo en diciembre de 2025, cuando la Policía retiró cuatro vehículos de ese tipo e impuso diez multas por 173,000 pesos (USD 7.21).
Reclamos por inseguridad, precios y servicios públicos
La actuación contra los vendedores motivó cuestionamientos de usuarios que reclamaron una mayor atención policial a robos, asaltos y tráfico de drogas. “¿Y los ladrones y asaltadores para cuándo?”, preguntó José González.
Julio César pidió que se persiguieran los robos y la venta de drogas en lugar de impedir la comercialización de alimentos. “El Gobierno no tiene comida para el pueblo”, escribió.
Otros lectores rechazaron que los productos fueran tratados como mercancía robada. Yusmaris Fernández Lamoth sostuvo que habían sido adquiridos a proveedores que los venden a precios elevados: “Nos estamos matando entre nosotros mismos”.
Ana Rosa Torres pidió que las autoridades actuaran contra los mayoristas para reducir los precios. “Todos nos están dando con el cinto y además con la hebilla”, afirmó.
Daniel García Valdés acusó a los inspectores de apropiarse de parte de los bienes confiscados. “A eso súmale lo que se llevaron los inspectores”, escribió.
La denuncia coincidió con el testimonio de un propietario de una micro, pequeña y mediana empresa de Regla, que en febrero aseguró que funcionarios le exigían dinero o mercancía para reducir las multas. “Vienen dos y hasta tres inspectores juntos, y a cada uno le tienes que dar su tajada”, relató.
A finales de 2015, otra ofensiva contra los vendedores ambulantes de La Habana terminó con la venta de las frutas, viandas y vegetales confiscados en mercados agropecuarios estatales y puntos de venta del Ejército Juvenil del Trabajo.
Reinier Álvarez extendió los reclamos a la recogida de basura, los servicios de Salud y el Transporte. “¿Y por qué también no van a Comunales a ver por qué no se recoge la basura todos los días?”, preguntó.
La crítica apuntó a Garcés, impulsor de El Rampeño, un proyecto que debía reducir la acumulación de desperdicios en El Vedado con 30 triciclos eléctricos y una estación de carga solar. El funcionario reconoció en agosto que no había logrado cumplir esa meta.
Ese viernes, una comprobación de 14ymedio encontró a dos trabajadores del proyecto recogiendo residuos con las manos en el parque de 19 y M, sin escobas ni recogedores. La flota había llegado a unos 15 triciclos, la mitad de los anunciados.
