El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala ejecutó apenas 26,68% del presupuesto para salud reproductiva al 30 de septiembre de 2026, el menor nivel desde 2019, mientras la compra de anticonceptivos seguía pendiente. De los Q 141.518.000 (USD 18,5 millones) asignados por el Decreto 21-2004, la cartera devengó Q 37.761.104 (USD 4,9 millones), según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).
Al mismo corte, el país registraba 168 muertes maternas, de las cuales el 90% era prevenible. También nacieron 1.517 hijos de niñas de 10 a 14 años y 42.892 de adolescentes de 15 a 19 años.
El Decreto 21-2004 destina a estos programas el 15% de lo recaudado mediante el impuesto a la distribución de bebidas alcohólicas. La norma establece además que, de esos fondos, al menos 30% debe utilizarse exclusivamente para adquirir insumos anticonceptivos, como dispone el artículo 19 de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar.
Las direcciones departamentales, por debajo del avance hospitalario
Los hospitales ejecutaron 40,33% de sus recursos: Q 12.305.726 sobre Q 30.508.340 asignados. Las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud, que incluyen a la Unidad Administrativa Central 201, alcanzaron 22,93%, con Q 25.455.377 devengados de Q 111.009.660.
Dentro de esas direcciones, Guatemala Nororiente no ejecutó ninguno de los Q 529.000 asignados. San Marcos gastó 5,4% de sus Q 4,1 millones, Suchitepéquez llegó a 17,3%, Quiché a 20,4% e Ixcán a 16,6%.
Jalapa, Retalhuleu y Santa Rosa superaron el 85% de ejecución. La distancia entre esos departamentos y las unidades con avances nulos o reducidos marcó la distribución desigual de los recursos para planificación familiar.
La Dirección Administrativa Central sufrió durante el año una reducción de Q 92,6 millones a Q 62,5 millones. Del monto ajustado, ejecutó 12,57%, equivalentes a Q 7,8 millones.
El renglón de productos medicinales y farmacéuticos, donde se concentra la compra de métodos anticonceptivos, recibió Q 20,4 millones y registró una ejecución de solo 4,27%, unos Q 873.000. Con el 75% del año calendario transcurrido, OSAR señaló brechas de planificación y en los procedimientos administrativos y financieros del Ministerio.
Los rezagos también se extendieron a los hospitales. El Hospital Roosevelt tenía Q 2,1 millones para servicios médicos sanitarios, pero no había ejecutado ningún monto hasta septiembre.
El Hospital Regional de Occidente tampoco registró gastos en el rubro de mobiliario y equipo médico. El Hospital General San Juan de Dios, que recibió la mayor asignación entre los centros analizados, Q 8,2 millones, ejecutó 34,3% y mantuvo 0% de avance en elementos y compuestos químicos, así como en mobiliario y equipo.
El Hospital de Huehuetenango devengó 10% de sus Q 2,3 millones asignados, mientras que el de Quiché alcanzó 32,35%. El observatorio vinculó el mayor avance hospitalario frente a las direcciones departamentales con la incorporación de nuevas unidades ejecutoras sin experiencia previa en el manejo de recursos de destino específico y con el tiempo limitado para completar trámites durante el último trimestre.
El presupuesto creció, pero la ejecución cayó a su menor nivel
La asignación total pasó de Q 74,1 millones en 2019 a Q 141,6 millones en 2026. Sin embargo, el nivel de ejecución no acompañó ese crecimiento: entre 2021 y 2025 osciló entre 70,7% y 82,4%, con el máximo en 2023.
En 2020, el porcentaje había llegado a 52%. El registro de 2026 quedó por debajo de todos los demás años de la serie desde 2019.
El desabastecimiento de anticonceptivos fue resuelto solo de forma parcial mediante compras a la Organización Panamericana de la Salud y al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana. No existía aún un mecanismo definido para las adquisiciones de 2027, pese a que el financiamiento está asignado específicamente para ese fin.
La falta de productos afecta sobre todo a la depoprovera, una inyección anticonceptiva de aplicación trimestral. En octubre, el Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos informó una ejecución de 14,64% en la compra de condones, T de cobre y dispositivos intrauterinos entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con Infobae.
Más de Q 19 millones permanecían sin devengar en ese renglón al 1 de septiembre, según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada. El bajo avance comprometía la disponibilidad de métodos para los servicios públicos de planificación familiar.
El acceso a la prevención del cáncer de cérvix también seguía limitado: solo 5% de las mujeres tenía acceso a un tamizaje mediante prueba de ADN del virus del papiloma humano, papanicolaou o inspección visual con ácido acético.
En un centro de atención permanente, una mujer de 32 años y madre de cinco hijos pidió retirar un implante subdérmico que le habían colocado dos semanas antes. El caso recogido por OSAR describió la situación así: “A un CAP llega una mujer de 32 años con cinco hijos, que hace dos semanas se colocó un implante subdérmico, a pedir que se lo retiren, su esposo de 62 años no siente lo mismo por ese método”.
