Hace menos de un mes la oposición impulsó dos convocatorias fallidas para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni para que dé explicaciones en el Congreso sobre su patrimonio. Ambos intentos fracasaron por falta de consenso, pero tras la reciente presentación de la declaración jurada del funcionario, muchos se entusiasman con que “cambiaron las condiciones” y algunos aliados del Gobierno podrían tomar distancia.
La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación que pueden derivar en un voto de censura. Este mecanismo le otorga al Congreso la capacidad de remover al funcionario con la mayoría absoluta de ambas Cámaras. Este procedimiento puede iniciarse tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y se activa si se considera que el jefe de Gabinete ha incurrido en actos, omisiones o conductas que comprometan su responsabilidad política ante el Congreso.
El último pedido de moción de censura fue presentado este mismo jueves por el radical disidente Pablo Juliano (Provincias Unidas) horas después de conocerse la declaración jurada que presentó Adorni.
“El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones”, planteó Juliano en referencia a las inconsistencias en los datos que brindó Adorni a ARCA.
“Acá el problema es que Adorni nos mintió en la cara”, reconoció un diputado aliado del oficialismo y advirtió que su espacio estaría considerando tomar distancia del oficialismo. En su último informe de gestión, el jefe de Gabinete dedicó una parte de su exposición a contestar los cuestionamientos sobre su patrimonio.
“Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, había dicho Adorni en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, ayer el jefe de Gabinete incorporó en su declaración jurada activos que previamente no había declarado, entre ellos USD 300.000 originados en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018. Estas ganancias habrían sido obtenidas con una inversión inicial de USD 200 mil.
Al igual que ocurrió con las dos convocatorias fallidas, la balanza la terminarán de inclinar los gobernadores aliados. “El gobierno tiene una mayoría muy firme”, reconocían en las filas de la oposición.
Sin embargo, otros consideraban que las irregularidades en el patrimonio de Adorni fueron lo suficientemente graves como para hacer dudar a los habituales aliados, por ejemplo, los diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, que no atraviesa el mejor momento con la Casa Rosada tras la media sanción para derogar Zonas Frías. De hecho, el cordobés Carlos Gutiérrez fue uno de los que firmó el pedido de sesión. “Lo de Patricia Bullrich fue muy fuerte, ya es una señal”, destacaron en referencia a las duras críticas de la senadora oficialista, la primera en tomar distancia del funcionario.
Luego el PRO publicó un comunicado oficial donde calificaron las omisiones de Adorni como “una falta grave”. Y agregaron: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.
“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, concluyeron.
A pesar de todo, la convocatoria no representa un peligro inmediato para el jefe de Gabinete ya que los proyectos para avanzar con la moción de censura no tienen dictamen de comisión. Por eso la oposición deberá aprobar primero con mayoría simple un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación y moción de censura.
En un intento de descomprimir la situación y quitarle responsabilidad a los aliados, el propio Adorni adelantó que en julio se presentará en el Senado para brindar su informe de gestión, tal como establece la Constitución.
