La Organización de los Estados Americanos pidió que la elección del próximo Contralor General de Cuentas de Guatemala para el período 2026-2030 se fundamente en la capacidad, honorabilidad e independencia de la persona elegida, mientras el Ministerio Público requirió información sobre las reglas aplicadas a los aspirantes dentro de una investigación penal en curso.
La Comisión de Postulación integró el 20 de septiembre una nómina de seis candidatos, que deberá atravesar las etapas de impugnación y remisión antes de que el Congreso de la República designe al nuevo titular. La futura autoridad tendrá a su cargo la fiscalización de entidades públicas, la protección de los recursos estatales y la prevención de la corrupción.
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala sostuvo que la inclusión en la nómina y los puntajes obtenidos no concluyen el análisis de idoneidad.
El Congreso deberá evaluar los seis perfiles y realizar una valoración expresa de la honorabilidad de cada postulante, basada en información verificable.
La documentación de los seis aspirantes y el control ciudadano
Los expedientes que lleguen al Poder Legislativo deben exponer las calificaciones, los señalamientos, los descargos de los candidatos, las verificaciones efectuadas y los fundamentos de las decisiones de la comisión. Las objeciones, añadió la Misión, deben resolverse de manera individualizada, motivada y con respeto por el derecho de defensa.
La entidad hemisférica pidió que la Comisión de Postulación publique los documentos que respaldan la nómina y garantice los plazos legales para impugnarla. También reclamó que se examinen los cuestionamientos sin atribuir responsabilidades a partir de afirmaciones no comprobadas, pero sin dejar fuera hechos relevantes para el ejercicio del cargo.
El Congreso fue exhortado a divulgar con anticipación el calendario de elección, facilitar el acceso a los expedientes públicos y realizar audiencias abiertas que permitan entrevistas útiles en condiciones de igualdad. La recomendación incluye recibir observaciones de organizaciones civiles, autoridades indígenas, universidades y otros sectores antes de la votación.
La ciudadanía, según el pronunciamiento de la OEA, debe conocer tanto el sentido de los votos de los diputados como las razones que sustenten la elección. La Misión también pidió revisar posibles conflictos de interés y vínculos que puedan condicionar la actuación de quien resulte electo.
La experiencia laboral de los aspirantes en organismos bajo fiscalización o en la propia Contraloría General de Cuentas deberá evaluarse según la trayectoria y conducta individual de cada persona. El organismo advirtió que la designación debe mantenerse libre de compromisos sobre auditorías, contrataciones, nombramientos o tratamientos favorables para quienes participen en la elección.
El requerimiento penal sobre las reglas de postulación
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, solicitó a la Comisión de Postulación un informe sobre las normas y requisitos utilizados durante la recepción inicial de expedientes. El requerimiento forma parte de la investigación identificada como MP001-2026-42141, que no atribuye responsabilidades penales a integrantes de la comisión ni a los aspirantes.
La petición fue divulgada el 23 de septiembre por Movimiento ProJusticia en sus redes sociales. La Fiscalía dio siete días a la comisión para entregar la información solicitada.
El oficio, fechado el 23 de septiembre de 2026, fue dirigido a Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación para la elección del Contralor General de Cuentas. Está suscrito por personal del Equipo 03 del Grupo de Investigación Criminal de la Fiscalía contra la Corrupción.
La Fiscalía pidió precisar cuáles fueron las reglas básicas para la postulación en la etapa inicial, las bases de la convocatoria y el listado de condiciones que debían cumplir los profesionales interesados en el cargo. La solicitud busca obtener colaboración de la comisión para la pesquisa penal en desarrollo.
La comisión recibió los expedientes, revisó los requisitos y evaluó los perfiles antes de conformar la nómina que será remitida al Congreso. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Movimiento ProJusticia, siguieron la evaluación de los candidatos, las tachas presentadas y las decisiones adoptadas durante el proceso.
La OEA también vinculó la elección con el próximo proceso electoral: pidió preservar la objetividad en las fiscalizaciones y en la emisión, denegación o revocación de finiquitos. Esas facultades deben ejercerse con fundamento legal, criterios uniformes y debido proceso, sin utilizarlas como mecanismos de presión o exclusión política.
