La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Joaquín, un régimen provincial de protección para víctimas de delitos que modifica el Código Procesal Penal y garantiza derechos exigibles desde el primer contacto con la autoridad. La sanción se dio este jueves, tras un reclamo que cobró fuerza después del asesinato de Joaquín Sperani, ocurrido el 29 de junio de 2023, en la ciudad de Laboulaye.
La nueva norma permite que la víctima o sus familiares tengan un papel más activo en el proceso penal. La figura de querellante habilita a proponer medidas de prueba, apelar decisiones del juez y ejercer un control más directo sobre la investigación fiscal. El proyecto también contempla que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables pudieran constituirse como querellantes.
La sanción se produjo durante la 8ª sesión ordinaria que unificó proyectos del Poder Ejecutivo y de bloques opositores. La sesión fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el texto final surgió del trabajo conjunto de las comisiones de Seguridad y Legislación General, con aportes de Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi, Gregorio Hernández Maqueda y Dante Rossi.
Qué derechos incorpora la nueva ley
La respuesta central que incorpora la ley es concreta: en Córdoba, una víctima de delito deberá ser tratada con dignidad, respeto y sensibilidad; contará con medidas para evitar su revictimización; recibirá atención y protección especial si se encuentra en situación de vulnerabilidad; y deberá acceder a ayuda y asistencia con la mayor rapidez posible, según la normativa.
El nuevo régimen normativo garantiza trato digno, privacidad, acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico especializado y gratuito, y participación activa en audiencias relevantes.
Ese marco ordena estándares mínimos de tutela, información, asistencia, protección y reparación. También fija patrones de actuación para operadores estatales judiciales y administrativos desde el primer contacto con la víctima, de acuerdo con el texto oficial.
La definición legal de víctima también queda ampliada. Incluye a la persona directamente ofendida por el delito; al cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos cuando el hecho haya causado la muerte, desaparición o una afectación física o psíquica que impida a la persona ejercer sus derechos.
El gobernador Martín Llaryora sostuvo en su cuenta de X que “el proyecto establece estándares claros de actuación para el Estado y para todos los operadores del sistema penal. Además, fija un piso común de protección para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso entre las partes”.
El caso que impulsó el cambio
El crimen que fomentó la nueva ley ocurrió el 29 de junio de 2023: el cuerpo de Joaquín fue hallado después de tres días de búsqueda en una casa abandonada cerca del colegio al que asistían ambos adolescentes, Joaquín Sperani de 13 años y su amigo, de 14, quien declaró semanas después ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro: fue declarado inimputable bajo la legislación vigente.
El magistrado, confirmó entonces, que el joven “reconoció ser el autor del crimen” y que, de acuerdo a fuentes de la investigación, el relato coincidía con lo reconstruido a partir de imágenes de tres cámaras de seguridad en las que se veía a ambos ingresar a un baldío.
Durante su declaración, el compañero de colegio de Joaquín sostuvo que “no tuvo intención de matarlo” y admitió que actuó solo tras una discusión, en la que tomó un fierro y golpeó a la víctima en la cabeza.
En un tramo de su declaración el compañero de colegio de Joaquín “dijo que no tuvo intención de matarlo”. El joven de 14 años permaneció alojado en “situación de encierro preventivo” en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba. Tiempo después fue liberado por la Justicia.
En octubre de 2024, la familia de Joaquín demandó civilmente al Gobierno provincial y a los padres del adolescente señalado como autor por $600 millones. En febrero de 2025, ganaron la demanda.
