Un juez de Bolivia resolvió el martes que el ex presidente Luis Arce continúe con prisión preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, pese a que permanece internado en un hospital para recibir tratamiento oncológico y a que su defensa pidió sustituir la detención por arresto domiciliario. La decisión fue dictada en una audiencia virtual por el juez Román Castro, quien dispuso que la Dirección Penitenciaria garantice atención médica inmediata para el ex mandatario cuando la requiera dentro de la cárcel.
La resolución establece que la entidad “debe agotar en primera instancia de manera inmediata todos los mecanismos” disponibles en el recinto penitenciario. Si esa asistencia resulta insuficiente, el juez deberá ser informado para que ordene el traslado del imputado a un hospital y resguarde “sus derechos constitucionales”.
Castro consideró que la defensa de Arce no presentó documentación “idónea” que acreditara un riesgo para su salud en caso de que continúe privado de libertad y ordenó que un especialista médico autorice su alta hospitalaria y notifique esa determinación antes de su retorno a la cárcel. Los abogados del ex gobernante anunciaron que apelarán la resolución y solicitaron que el juez aclare su fallo con argumentos de “jurisprudencia”.
Durante la audiencia, Arce negó que pudiera abandonar Bolivia si obtenía la detención domiciliaria. “Yo he dicho siempre que voy a enfrentar aquí en la justicia todos los cargos (en mi contra), porque el que no ha robado, el que no ha matado, el que no ha mentido a su pueblo tiene la moral para hacerlo y (…) me voy a defender en el país”, afirmó.
El ex presidente, que gobernó Bolivia entre 2020 y 2025, cumple prisión preventiva desde diciembre de 2025 por una investigación sobre presunta corrupción durante su gestión como ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales, entre 2006 y 2019. La Fiscalía sostiene que Arce autorizó de forma irregular transferencias de fondos públicos a cuentas personales de dirigentes campesinos para financiar proyectos que no prosperaron. El ex mandatario también enfrenta un proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas junto con su hijo mayor, Marcelo Arce Mosqueira, quien recibió arresto domiciliario en Santa Cruz dentro de ese expediente. Rafael y Camila Arce, otros dos hijos del ex jefe de Estado, también figuran en la causa, aunque se desconoce su paradero.
Hace dos semanas, otro juez ordenó su traslado a un centro especializado en oncología, tras el reclamo de su abogado, Fernando Rivadeneyra, quien aseguró que Arce no recibió una revisión médica desde su ingreso en prisión.
En medio del revés judicial para Arce, se conoció que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia sesionará el lunes 5 de octubre para analizar las acusaciones formuladas por el Gobierno de Estados Unidos contra autoridades y ex funcionarios bolivianos a quienes revocó el visado, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y evaluar la creación de una comisión parlamentaria de investigación.
El vicepresidente de Bolivia y presidente del Legislativo, Edmand Lara, confirmó que la sesión se realizará por la tarde, tras la espera de información y antecedentes que el Departamento de Estado estadounidense debe remitir sobre las restricciones migratorias.
Lara explicó que la Cancillería boliviana ya envió “notas” al Departamento de Estado “para que EE.UU. remita los antecedentes” sobre Mariaca y “de todas las autoridades que figuran en esa lista” de personas afectadas por la revocación de visados.
La convocatoria prevé que diputados y senadores consideren las comunicaciones atribuidas al Gobierno estadounidense, la documentación solicitada a las instituciones competentes y, si corresponde, la conformación de una Comisión de Investigación Parlamentaria con un objeto y alcance definidos. El tratamiento se enmarca en las facultades constitucionales de control y fiscalización de los órganos del Estado y las entidades públicas. La convocatoria también aclara que las restricciones migratorias impuestas por otro país no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia.
El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el lunes 28 de septiembre la revocación de visados para funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de actos de corrupción y de socavar gobiernos elegidos democráticamente.
En el caso de Mariaca, Estados Unidos sostuvo que sus acciones “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”. El Ejecutivo boliviano calificó las acusaciones como “graves” y señaló que solicitará información a Washington para impulsar una investigación interna. Algunos legisladores también pidieron que Mariaca se aparte de sus funciones mientras se esclarecen los señalamientos.
(Con información de EFE)
