Cuando Marvin Vargas Herrera fue capturado el 8 de mayo de 2011, Daniel Ortega apenas llevaba cuatro años de regreso en el poder. Barack Obama gobernaba Estados Unidos, Hugo Chávez seguía vivo en Venezuela y en Nicaragua todavía no habían ocurrido las protestas de abril de 2018. Quince años después, Vargas continúa encerrado en una celda de máxima seguridad en La Modelo, convertido en el preso político más antiguo de la dictadura Ortega-Murillo.
Su caso es uno de los más extraños y brutales de la historia reciente de Nicaragua. No fue detenido por terrorismo, conspiración o asesinato. Tampoco por espionaje ni por liderar una organización armada.
El hombre que hoy acumula más de 5.400 días preso fue acusado originalmente de una supuesta estafa vinculada a tres mil dólares. Y cuando estaba por recuperar la libertad, el régimen le agregó nuevos cargos para prolongar indefinidamente su encierro.
A sus 56 años, Vargas —conocido como “El Cachorro”— vive aislado en una pequeña celda caliente y mal ventilada del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa.
La última actualización del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) sobre su caso, confirmó el 8 de mayo que Marvin Vargas sigue recluido en “El Infiernillo”, de la galería 300, el área de aislamiento del penal, diseñada para albergar a los más peligrosos criminales.
“Recluido en un sistema carcelario, abusivo y tenebroso, ‘El infiernillo’ donde los carceleros lo golpean cuando quieren, con su cuerpo envejecido y sin atención médica, en una pequeña celda de 2.2 x 3 metros, con pobrísima ventilación y un calor insoportable”, describe.
“El Cachorro fue trasladado a la 300 en el 2014, cuando esta cárcel fue inaugurada, antes estuvo en una galería de comunes”, afirma una fuente del GREX.
Organizaciones de derechos humanos aseguran que sufre hipertensión, deterioro físico y afectaciones psicológicas producto del aislamiento prolongado. Algunos exreos políticos que lograron verlo afirman que “está perdiendo la razón”.
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos resumió el objetivo del régimen con una frase: “Lo quieren convertir en un muerto en vida”.
La ironía política detrás de la historia de Marvin Vargas es que no nació como opositor al sandinismo. Todo lo contrario. Fue un militante formado dentro de la revolución.
Nació en Estelí el 30 de mayo de 1970. Su padre había sido miembro de la Guardia Nacional somocista, pero Marvin tomó otro camino ideológico. A los 16 años, dos menos de la edad reglamentaria, se integró voluntariamente al Servicio Militar Patriótico, el ejército juvenil obligatorio organizado por la revolución sandinista durante la guerra contra la Contrarrevolución. Participó incluso en la operación Danto 88, una de las ofensivas militares más grandes del Ejército Popular Sandinista.
A los jóvenes del Servicio Militar se les llamaba “cachorros de Sandino”. De ahí nació el apodo que lo acompañaría toda la vida.
Durante años respaldó políticamente al Frente Sandinista y apoyó el regreso de Ortega al poder. Pero la ruptura llegó cuando comenzó a reclamar, junto con otros veteranos de guerra, las promesas incumplidas del gobierno hacia los desmovilizados del Servicio Militar Patriótico.
En 2010 ayudó a fundar la organización “Veteranos de Guerra del Servicio Militar Patriótico SMP”, conocida popularmente como “Cachorros de Sandino”. Lo que comenzó como un movimiento de presión por beneficios sociales terminó convirtiéndose en un problema político para el régimen.
Los exmilitares bloquearon calles, realizaron protestas y hasta ocuparon la Catedral Metropolitana de Managua. Vargas era el rostro visible del movimiento y un líder incómodo porque provenía del mismo sandinismo histórico. Según el abogado Pablo Cuevas, el gobierno intentó inicialmente controlarlo y financiarlo, pero luego decidió aplastarlo.
“Venían advirtiéndole que algo le pasaría si seguía así hasta que se lo hicieron”, declaró Cuevas a Infobae.
La captura ocurrió el 8 de mayo de 2011 en Managua. Según relatos de familiares y organizaciones de derechos humanos, unas diez patrullas y decenas de policías llegaron a buscarlo sin orden judicial. Lo encontraron en la vivienda de un vecino. Lo golpearon brutalmente, le quebraron la nariz y la clavícula y lo acusaron verbalmente de ser “terrorista” y de tener armas para atacar al presidente.
Sin embargo, cuando apareció el expediente judicial, la acusación formal era completamente distinta: una supuesta estafa de tres mil dólares vinculada a un negocio de cambio de moneda. La denuncia fue presentada por personas que, según familiares, nunca pudieron ser ubicadas en las direcciones registradas en el proceso.
El caso comenzó a mostrar irregularidades desde el inicio. Vargas pasó casi siete meses preso sin acusación formal, pese a que jueces emitieron órdenes de exhibición personal y posteriormente órdenes de libertad que nunca fueron obedecidas por el Sistema Penitenciario.
En octubre de 2011 inició una huelga de hambre. Según denunció su familia, llegó incluso a coserse la boca para exigir que se ejecutara la orden judicial que ordenaba liberarlo.
Finalmente, en febrero de 2012, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión. Durante el juicio denunció torturas, amenazas y golpizas. Intentó mostrar las marcas en su cuerpo al juez, pero no le permitieron quitarse la camisa frente al tribunal.
Lo que ocurrió después terminó convirtiendo su expediente en un símbolo del funcionamiento represivo del sistema judicial nicaragüense.
En noviembre de 2016 cumplió íntegramente la condena. Una jueza de ejecución y vigilancia penitenciaria emitió una orden de libertad. El Sistema Penitenciario simplemente la ignoró. Vargas permaneció encerrado ilegalmente durante meses más. Y entonces apareció un nuevo proceso.
En mayo de 2017, mientras seguía preso pese a haber cumplido su condena, las autoridades lo acusaron de tráfico interno de drogas. Según la versión oficial, su esposa le introducía estupefacientes al penal. Poco después fue condenado a otros doce años de cárcel.
La explicación nunca convenció a nadie, muchos menos a quienes conocían las condiciones extremas de seguridad de la galería donde estaba recluido. Vargas permanecía en un área de máxima seguridad conocida como “La 300” o “El Infiernillo”, compuesta por pequeñas celdas metálicas, herméticamente cerradas y vigiladas permanentemente por cámaras.
“Con esas medidas era prácticamente imposible introducir drogas”, sostuvo el abogado Pablo Cuevas. Desde entonces, el encierro de Vargas se convirtió en una condena de desgaste físico y psicológico.
Ex reos políticos liberados después de 2018 aseguran que las condiciones que soportó Marvin Vargas durante años fueron incluso peores que las aplicadas a muchos opositores encarcelados tras las protestas cívicas.
“Nosotros no sufrimos ni la mitad de lo que ha sufrido Marvin”, declaró el excarcelado político Cristhian Fajardo. “Eso es lo peor. Me duele en el alma”.
La celda donde permanece encerrado mide aproximadamente dos metros por tres. Tiene poca ventilación, altas temperaturas y vigilancia constante. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que le niegan medicamentos, atención médica adecuada y acceso a información.
En febrero de 2017, desesperado, publicó en Facebook, a través de otra persona, un mensaje desde prisión en el que prácticamente rogaba por ayuda.
“Pido clemencia desde la cárcel. Estoy enfermo, no puedo respirar, tengo problemas en el corazón… No quiero salir en una caja”, escribió.
Mientras Marvin seguía encerrado, su madre, Juana Herrera González, recorría organismos de derechos humanos y oficinas estatales pidiendo su liberación. Entró en depresión. En 2014 le diagnosticaron cáncer y murió pocos meses después. El régimen ni siquiera permitió que su hijo asistiera al entierro.
A lo largo de estos quince años, Vargas ha sido excluido de múltiples excarcelaciones de presos políticos y también de liberaciones masivas de reos comunes realizadas por el régimen.
Su caso quedó atrapado en una especie de limbo represivo: demasiado simbólico para liberarlo y demasiado incómodo para admitirlo como preso político durante años.
Para muchos opositores y defensores de derechos humanos, Marvin Vargas representa el primer gran ensayo del modelo represivo que luego Ortega aplicaría masivamente después de 2018: detenciones arbitrarias, acusaciones fabricadas, desobediencia a órdenes judiciales y prolongación deliberada de las condenas.
“El odio contra Marvin Vargas se debe a que fue el primer disidente que se atrevió a desafiar al régimen”, dijo uno de sus antiguos compañeros. “Fue el primer rebelde en sus filas”.
Hoy, mientras Nicaragua acumula miles de exiliados, centenares de desnacionalizados y decenas de presos políticos, Marvin Vargas sigue encerrado en la misma prisión donde ingresó cuando aún no existían las protestas de abril ni las sanciones internacionales contra la dictadura.
Según los cálculos de su condena vigente, debería salir hasta finales de 2029. Tendría entonces 59 años. Pero incluso sus familiares y abogados dudan que el régimen realmente piense liberarlo.
“No lo van a dejar salir. La intención del régimen es que muera en la cárcel”, afirmó el abogado Pablo Cuevas.
