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La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la declaración de estado de excepción de Rodrigo Paz para liberar las rutas bloqueadas

El Congreso de Bolivia (Europa Press)

El estado de excepción, declarado por el presidente Rodrigo Paz, en Bolivia quedó plenamente vigente en la madrugada de este domingo tras una votación mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de casi 50 días de bloqueos que afectaron a amplios sectores del país.

La aprobación del Decreto Supremo 5636 fue el desenlace de una sesión marcada por tensiones y divisiones internas, en la que varios legisladores expresaron reparos sobre el procedimiento y el impacto de la medida.

A lo largo de la noche, la llegada de parlamentarios provenientes de distintos departamentos fue modificando el quórum inicial. El desarrollo de la sesión estuvo atravesado por cuestionamientos tanto al horario de la convocatoria (23:00 horas del sábado) como al modo de conducir el debate, reclamos especialmente dirigidos a Edmand Lara, vicepresidente y presidente de la Asamblea.

Según recogió El Deber, Lara defendió su accionar al afirmar: “Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”. El vicepresidente de Bolivia se mostró en varias ocasiones en discrepancia con la conducción política de Paz y se definió meses atrás como un opositor “constructivo”.

Lara defendió su papel en la convocatoria: recordó que la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción lo obligaba a reunir a la Asamblea dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto presidencial, y remarcó que, como presidente, no participaba en la votación.

El vicepresidente Edmand Lara (en el centro de la imagen sentado) durante una sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

La Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Supremo en las primeras horas del domingo, lo que confirmó la instauración del estado de excepción en todo el territorio nacional. La medida, respaldada por más de dos tercios de los parlamentarios presentes, busca responder a la crisis generada por los bloqueos que provocaron desabastecimiento, restringieron la movilidad de la población durante casi dos meses y provocaron la muerte de personas por falta de suministros en hospitales.

El debate, que al inicio se centró en la legalidad del procedimiento, viró rápidamente hacia las consecuencias prácticas de los bloqueos. La correlación de fuerzas se definió pasada la una de la madrugada, cuando la bancada de Libre comunicó su apoyo unánime al decreto. Poco después, APB Súmate sumó su respaldo, consolidando una mayoría parlamentaria a favor del estado de excepción. El clima de la sesión cambió definitivamente cuando Lara abandonó la conducción del debate, en un gesto que marcó uno de los episodios más comentados del día.

A las 02:30, la Asamblea aprobó la moción de suficiente discusión y, minutos después, se concretó la votación definitiva. La resolución ratificó la validez de las medidas dictadas por el Ejecutivo y extendió la vigencia del estado de excepción declarado el 20 de junio.

La sesión culminó con un minuto de silencio en recuerdo de las más de 20 personas fallecidas durante las semanas de crisis. El gesto simbolizó el cierre de una jornada que comenzó bajo la sombra de disputas reglamentarias y terminó con la sanción de medidas extraordinarias para recuperar el control de las rutas y restablecer la normalidad en el país.

La policía inició el retiro de escombros y barricadas en las rutas bloqueadas para restablecer la circulación (REUTERS)

Luego de la declaración del estado de excepción en Bolivia a primera hora del sábado por parte del presidente Paz, policías y militares retiraron los bloqueos en carreteras del oeste y centro de Bolivia tras semanas de protestas que paralizaron la circulación y generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades.

El operativo permitió reabrir rutas clave como los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, mediante el retiro de escombros y barricadas instaladas desde el 6 de mayo. El decreto prohíbe nuevos bloqueos y el uso de armas y explosivos, pero no contempla la suspensión de derechos constitucionales. La medida tendrá una vigencia de 90 días.