El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Comayagua, presentó este jueves un requerimiento fiscal contra el conductor de la grúa involucrada en el accidente de tránsito registrado el pasado 17 de junio en el sector de El Rodeo, municipio de Villa de San Antonio, departamento de Comayagua, hecho que dejó un saldo de siete policías fallecidos y 29 personas lesionadas.
La acción penal se produce luego de las investigaciones desarrolladas por fiscales y equipos técnicos encargados de reconstruir las circunstancias que rodearon uno de los accidentes más graves registrados este año en la carretera CA-5.
De acuerdo con el ente acusador, al conductor se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria.
La Fiscalía además solicitó la imposición de la medida cautelar de detención judicial mientras continúa el proceso penal y se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar la totalidad de las responsabilidades derivadas del siniestro.
Según el informe oficial, la tragedia ocurrió cuando una grúa marca Freightliner circulaba en dirección de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula por una zona caracterizada por curvas pronunciadas y pendiente descendente.
Las investigaciones establecen que el conductor se desplazaba a una velocidad considerada no prudente para las condiciones de la vía, situación que provocó que perdiera el control de la unidad pesada.
Como consecuencia, el vehículo invadió el carril contrario y colisionó inicialmente contra un autobús perteneciente a la Secretaría de Seguridad que transportaba a agentes policiales. Posteriormente impactó contra un vehículo tipo cabezal, generando una escena de devastación en plena carretera.
El choque provocó la muerte inmediata de siete integrantes de la Policía Nacional que regresaban de una actividad institucional relacionada con la entrega de indumentaria policial.
Las víctimas fueron identificadas como Nelson Emilio Sosa Torres, Nora Xiomara Mejía Zúñiga, Delmis Maritza Espinoza Cornejo, Esmelin Yolibeth Herrera, Yorbic Adony Vallecillo Salgado, Dulce María Suárez Izaguirre y Keylin Anabeli Benavides Rodríguez.
Además de las víctimas mortales, otras 29 personas sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas a hospitales y centros asistenciales de Comayagua y Tegucigalpa para recibir atención médica especializada.
El Ministerio Público señaló que las diligencias investigativas permitieron establecer una conducta imprudente atribuible al conductor de la grúa, quien permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanza el proceso judicial.
Los fiscales consideran que existen suficientes elementos para sostener que la pérdida de control de la unidad pesada fue un factor determinante en el accidente.
La tragedia ha generado una profunda conmoción en Honduras debido a que las víctimas eran servidores públicos que cumplían funciones institucionales al momento del siniestro.
En los días posteriores al accidente, familiares, compañeros de trabajo y autoridades participaron en actos de despedida realizados en distintas regiones del país para honrar la memoria de los agentes fallecidos.
Paralelamente, diferentes instituciones han expresado preocupación por el aumento de los accidentes de tránsito relacionados con vehículos pesados.
El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, y representantes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) han señalado la necesidad de fortalecer los controles y revisiones mecánicas para prevenir nuevas tragedias en las carreteras nacionales.
Las investigaciones también han revelado que la grúa involucrada presentaba irregularidades administrativas relacionadas con permisos y documentación operativa, aspectos que continúan siendo objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.
La Fiscalía de Comayagua informó que en las próximas horas se desarrollará la audiencia de declaración de imputado, etapa en la que solicitará formalmente la detención judicial del acusado mientras continúa la recopilación de pruebas y peritajes técnicos.
El caso se ha convertido en uno de los procesos judiciales de mayor atención pública en los últimos días, debido al elevado número de víctimas y al impacto que ha generado dentro de la Policía Nacional y la sociedad hondureña.
