La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) implementa en Guatemala una herramienta para definir el nivel de estudio previo que requiere cada proyecto de infraestructura pública, según su complejidad, riesgos, impacto ambiental y monto. La metodología busca acortar trámites y decisiones de inversión sin reducir las condiciones que determinan la viabilidad, los costos y la sostenibilidad de las obras, de acuerdo con información difundida por la institución.
El mecanismo establece tres niveles de análisis: perfil, prefactibilidad y factibilidad. Cada iniciativa deberá presentar solo la información necesaria y con la profundidad correspondiente a su tamaño y riesgo, en vez de atravesar requisitos idénticos para obras de distinta escala.
La capacitación ya alcanzó a gobiernos locales del interior del país y ahora se extiende a ministerios y secretarías que actúan como unidades ejecutoras de inversión pública. El objetivo es que los formuladores del sector público adopten la metodología en el diseño y la presentación de sus proyectos.
Estudios ajustados al tamaño y los riesgos de cada obra
El director de Preinversión de la Subsecretaría de Inversión para el Desarrollo de SEGEPLAN, Carlos Enríquez Díaz, explicó que el equipo técnico comenzó las capacitaciones a principios de año, con actividades dirigidas principalmente a administraciones municipales. La nueva etapa traslada esos conceptos al ámbito sectorial de los organismos que ejecutan recursos públicos.
Díaz describió el alcance de los talleres: “Hemos estado trabajando desde principios de año en diferentes capacitaciones, que llevaron los conceptos del taller de proporcionalidad a través del territorio nacional, principalmente a los gobiernos locales en el interior del país. Pero esta vez el taller fue organizado para atender y para dar a conocer lo sectorial, a los diferentes ministerios y secretarías que, como unidad ejecutora, en un principio básico, ejecutan inversión pública”.
La representante de la Empresa Portuaria Quetzal, Alicia Godínez, consideró que el esquema puede acortar las aprobaciones de las iniciativas de menor complejidad ante las entidades rectoras. “Creo que en proyectos de baja complejidad se reducirán los tiempos ante instituciones rectoras, como el proceso de aprobación ante SEGEPLAN. Espero que funcione y que sea por el bien de la inversión de Guatemala”, afirmó.
La herramienta también permite delimitar el alcance de las obras y la documentación exigida para ejecutarlas bajo las normas de planificación vigentes. Héctor Ponce, de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), sostuvo: “Nos ayuda a definir los alcances y nos da parte de la documentación que necesita cada proyecto para poder ejecutarse según las normas de planificación”.
La cartera de inversión y las exigencias técnicas
El subsecretario de Inversión para el Desarrollo de SEGEPLAN, Enrique Maldonado, señaló que el principio de proporcionalidad se emplea en sistemas de inversión pública de varios países de América Latina. Su aplicación procura que los proyectos de menor tamaño no acumulen datos innecesarios o irrelevantes durante el proceso de aprobación.
“El principio busca ordenar los proyectos de acuerdo con el grado de complejidad, riesgo, impacto ambiental y monto que requerirá cada uno, para poder presentar la información necesaria y así agilizar la inversión pública en el país”, explicó Maldonado. El funcionario aclaró que cada expediente deberá acreditar el problema que resolverá, la población beneficiaria, la alternativa seleccionada, los costos, los riesgos y la sostenibilidad del servicio.
La proporcionalidad no equivale a eliminar requisitos, sino a adecuar la profundidad de los estudios a la decisión que debe adoptarse. Maldonado lo resumió así: “El principio de proporcionalidad no se trata de exigir menos, se trata de exigir lo necesario con la profundidad correcta y en función de la decisión que se debe tomar”.
El secretario de SEGEPLAN, Carlos Mendoza, comparó la reposición del techo de una escuela rural con la construcción de un hospital regional especializado para explicar que ambas obras no deberían enfrentar el mismo grado de exigencia técnica. La meta es formar una cartera de proyectos mejor preparada, reducir reprocesos, orientar el trabajo técnico y acelerar las decisiones sobre inversión pública con obras seguras y sostenibles para la ciudadanía.
