Guatemala ha aceptado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos dentro de su territorio para enfrentar a organizaciones de narcotráfico, según tres personas familiarizadas con las conversaciones, en una nueva expansión de la campaña militar del gobierno de Donald Trump en toda América Latina.
La semana pasada, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijeron dos de esas personas, y las operaciones podrían comenzar ya el próximo mes. No estaba claro qué otras actividades militares podrían incluirse en el acuerdo.
Guatemala ha solicitado formalmente “cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico” en una carta dirigida a Hegseth, según confirmó la oficina de Arévalo en una declaración a The New York Times. Su oficina dijo que Arévalo y Hegseth hablaron por teléfono el 19 de mayo para finalizar los términos, pero no reveló detalles específicos.
Guatemala se convertiría en el segundo país de la región que permite la acción militar conjunta contra grupos delictivos dentro de sus fronteras. Ecuador acordó un trato similar a principios de este año. En virtud de ese acuerdo, las fuerzas estadounidenses asesoran y ayudan a los soldados ecuatorianos en operativos y ataques aéreos contra presuntos grupos de narcotraficantes que han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina.
Uno de los países a los que el Departamento de Defensa de Estados Unidos pretende presionar para que acepten una acción militar conjunta ahora es Honduras, dijeron dos de las personas familiarizadas con los planes.
El gobierno de Trump se está enfocando en Guatemala y Honduras con la idea de presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico, dijeron esas dos personas. Aunque Washington ha estado presionando para que Estados Unidos tenga presencia en el terreno y pueda atacar con drones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado las peticiones con firmeza. La estrategia más amplia de la Casa Blanca consiste en normalizar la presencia militar estadounidense en toda América Latina para ganar influencia sobre México, según las dos personas.
Esta estrategia está siendo defendida por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para política y asesor de seguridad nacional, así como por Joseph Humire, por ahora máximo responsable de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina, dijeron las dos personas.
Miller preside una reunión bimensual —llamada reunión de “victorias”— en la que distintos organismos gubernamentales reportan éxitos recientes y en la que el Pentágono destaca con regularidad como uno de los más victoriosos por el número de personas muertas en los ataques a embarcaciones, según esas dos personas y otra conocedora de la reunión.
Las personas entrevistadas para este reportaje hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hacerlo públicamente.
La Casa Blanca negó la caracterización de la así llamada reunión de victorias de Miller. “El gobierno sigue trabajando para llevar a cabo la agenda del presidente”, dijo la Casa Blanca en una declaración al Times.
El acuerdo con Guatemala, que aún no se ha anunciado de manera pública, forma parte de un esfuerzo más ambicioso del gobierno de Trump por presionar a los países de toda la región para que permitan operaciones conjuntas en sus territorios, según esas tres personas y una cuarta con conocimiento de la estrategia. Casi 20 países latinoamericanos ya forman parte de la Coalición Anticarteles de las Américas, creada a principios de este año por el gobierno de Trump para enfrentar a los cárteles y el crimen organizado en todo el hemisferio occidental.
En marzo, el presidente Trump se reunió con líderes conservadores y de derecha del continente en Florida y prometió “erradicar los cárteles criminales que plagan nuestra región”.
El ejército estadounidense está “dándoles una paliza donde podemos, y vamos a ir tras ellos con más severidad”, dijo Trump a los líderes. “Necesitamos su ayuda, tienen que hacerlo, díganos dónde están”.
El gobierno ha desplegado recursos militares estadounidenses en la región a una escala no vista en décadas y ha designado a más de una decena de grupos latinoamericanos y caribeños como organizaciones terroristas extranjeras.
Joel Valdez, secretario de prensa en funciones del Pentágono, declinó hacer comentarios sobre cualquier acuerdo con Guatemala, alegando motivos de seguridad operativa.
Hasta ahora, la mayoría de los países de la coalición se han mostrado reacios a permitir que el Pentágono ataque dentro de sus naciones por temor a las reacciones internas, dijeron tres de las personas familiarizadas con la iniciativa.
Aunque muchos ciudadanos de América Latina quieren que sus gobiernos hagan más para detener la violencia relacionada con las drogas, no deja de haber recelo de que el ejército estadounidense esté operando dentro de sus países después de décadas de intervención de Washington, entre las que se incluyen golpes políticos sangrientos.
En enero, una delegación del Pentágono, en la que estaba Humire, visitó Guatemala para reunirse con el presidente y el ministro de Defensa del país. Acordaron “reafirmar la alianza firme” entre sus fuerzas de seguridad, según la embajada estadounidense en Guatemala, pero ninguno de los dos gobiernos dio a conocer más detalles.
En una conferencia sobre seguridad en la Universidad Internacional de Florida a principios de este mes, Humire dijo que las nuevas alianzas regionales, como la Coalición Anticarteles de las Américas, han dado a los países de la región una “plataforma para poder fortalecer su asociación con Estados Unidos”.
“El Departamento de Guerra quiere trabajar con otros países, pero tiene que demostrar esa voluntad y capacidad para enfrentar el conjunto de problemas”, dijo Humire, refiriéndose al Departamento de Defensa por el nombre que prefiere el gobierno. “Parte de lo que estamos haciendo es demostrarles que vamos a ganar”.
A principios de este mes, oficiales militares guatemaltecos fueron recibidos en el portaaviones Nimitz mientras el Pentágono enviaba equipos y soldados para ayudar a entrenar a las fuerzas guatemaltecas.
En septiembre del año pasado, el Pentágono comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y en el este del océano Pacífico, en lo que dijo que era un esfuerzo por disuadir a los narcotraficantes de utilizar esas rutas. Hasta ahora se han producido 58 ataques que han causado la muerte de al menos 194 personas, según un recuento del Times, aunque el gobierno de Trump apenas ha aportado pruebas de que los objetivos fueran traficantes de drogas.
Los expertos han dicho que los ataques a embarcaciones pueden ser ilegales y entrañar riesgos legales para el Pentágono. Una ampliación de esa iniciativa en los países latinoamericanos podría conllevar aún más riesgos legales, dijeron personas familiarizadas con la iniciativa.
Antiguos funcionarios estadounidenses han dicho que, aunque el liderazgo del Departamento de Defensa aprobara los ataques, los oficiales de rango inferior que los llevaran a cabo podrían ser considerados culpables de matar a sospechosos de narcotráfico que, en realidad, podrían ser inocentes.
“Como en el caso de los ataques a las embarcaciones, dependiendo de los hechos, otros ataques podrían equivaler a asesinatos premeditados al margen de un conflicto armado, que algunos de nosotros, los abogados, calificaríamos de asesinato”, dijo Brian Finucane, ex abogado del Departamento de Estado especializado en derecho de guerra. “El Congreso nunca autorizó ninguno de estos ataques. Así que el personal estadounidense que participe en estas acciones podría enfrentarse a consecuencias más adelante, después de que termine el gobierno de Trump”.
Incluso si las fuerzas estadounidenses solo proporcionan inteligencia u otro apoyo logístico a los países latinoamericanos para realizar sus ataques, podrían ser culpables de complicidad en violaciones del derecho estadounidense e internacional, dijo.
Los ataques militares estadounidenses forman parte de una estrategia cambiante en la guerra de Washington contra las drogas, que tradicionalmente ha sido ejecutada por el Departamento de Justicia y su Administración de Control de Drogas. Durante mucho tiempo, el combate a las drogas se ha considerado una cuestión de aplicación de la ley, en la que Washington da prioridad a la detención de sospechosos —cuyos interrogatorios pueden ayudar a los investigadores a desmantelar redes de contrabando— en lugar de matarlos, como en una guerra convencional.
Muchos países latinoamericanos han recibido diversas peticiones del gobierno de Trump que han intentado complacer, para apaciguar a la superpotencia de la región. Guatemala accedió el año pasado a aceptar aviones con personas deportadas de otros países que fueron expulsadas de Estados Unidos, para luego repatriarlas a sus países de origen.
Aunque el Pentágono ha aclamado sus ataques conjuntos en Ecuador como un importante capítulo que cambia las reglas del juego en su guerra contra las drogas, las operaciones no siempre han resultado como se esperaba.
En marzo, uno de esos ataques alcanzó a una granja de ganado y productos lácteos, según descubrió una investigación de The New York Times, y no al complejo usado por el narcotráfico del que se jactaba Hegseth cuando dijo que Estados Unidos estaba “bombardeando ahora a los narcoterroristas en el terreno”.
