Los funcionarios judiciales de Ecuador han enfrentado al menos 140 amenazas, atentados y ataques entre enero de 2024 y mayo de 2026, según un informe presentado por el Consejo de la Judicatura y recogido por Ecuavisa, que alertó sobre el incremento de hechos violentos contra jueces, fiscales y servidores de la Función Judicial en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.
El reporte fue difundido el 27 de mayo de 2026 y detalla que, durante los últimos dos años, se registraron 142 amenazas directas contra operadores judiciales, 11 atentados y tres ataques contra infraestructura de la Función Judicial. Las cifras fueron expuestas por las autoridades judiciales durante una sesión pública en Quito.
De acuerdo con el informe, las amenazas incluyen llamadas intimidatorias, mensajes extorsivos, panfletos, seguimientos, amenazas digitales y falsas alertas de bomba dirigidas a jueces, fiscales, secretarios y personal administrativo. En los casos catalogados como atentados constan ataques armados, persecuciones y tentativas de asesinato.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, señaló que varios de estos hechos estarían relacionados con procesos judiciales vinculados a crimen organizado, narcotráfico, corrupción y estructuras delictivas transnacionales. La funcionaria aseguró que la institución mantiene coordinación con otras entidades del Estado para reforzar las medidas de seguridad en dependencias judiciales y proteger a los servidores que conocen causas de alto riesgo.
Como parte de esas acciones, el Consejo de la Judicatura anunció acuerdos con el Ministerio del Interior para incrementar la presencia policial en complejos judiciales y unidades de flagrancia. También informó sobre coordinaciones con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad para habilitar espacios seguros destinados a audiencias telemáticas dentro de los centros penitenciarios.
La preocupación por la seguridad de los operadores de justicia en Ecuador se ha mantenido durante los últimos años debido al avance de organizaciones criminales y al incremento de la violencia asociada al narcotráfico. En agosto de 2023, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que los ataques contra jueces y fiscales representaban una amenaza para el Estado de derecho en el país.
En ese pronunciamiento, la experta de Naciones Unidas señaló que funcionarios judiciales que investigaban casos de corrupción y crimen organizado enfrentaban amenazas constantes, atentados y asesinatos. También mencionó que varias instalaciones judiciales habían recibido amenazas de bomba y que existían reportes de intimidaciones sistemáticas en distintas provincias.
Entre los casos registrados durante los últimos años consta el asesinato de fiscales vinculados a investigaciones de delincuencia organizada y ataques armados contra unidades judiciales. Medios ecuatorianos también reportaron amenazas contra autoridades del Consejo de la Judicatura y denuncias de jueces que afirmaron haber recibido intimidaciones tras emitir decisiones relacionadas con estructuras criminales.
El informe presentado por el Consejo de la Judicatura no detalla el número exacto de funcionarios que actualmente cuentan con protección policial, pero sí reconoce que el sistema de seguridad para operadores judiciales enfrenta limitaciones. Asociaciones de jueces y fiscales han advertido anteriormente que los protocolos de protección pueden tardar varios días en activarse, incluso en casos considerados de alto riesgo.
La violencia contra funcionarios judiciales ocurre en un contexto marcado por el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024 para enfrentar a grupos criminales catalogados como organizaciones terroristas por el Gobierno ecuatoriano. Desde entonces, el país ha registrado operativos militares, estados de excepción y un incremento de controles de seguridad en varias provincias.
Según información oficial, las provincias con mayores niveles de riesgo para operadores judiciales coinciden con zonas donde existe presencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, extorsiones, minería ilegal y tráfico de armas. Entre ellas constan Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro.
El Consejo de la Judicatura indicó que los ataques y amenazas han tenido impacto en el funcionamiento de algunas dependencias judiciales, especialmente cuando se han producido falsas alertas de explosivos o incidentes armados cerca de complejos judiciales. En algunos casos se suspendieron temporalmente audiencias y actividades administrativas.
La Función Judicial señaló que continuará evaluando nuevas medidas de seguridad y mecanismos de protección para jueces, fiscales y servidores judiciales que participan en procesos relacionados con delincuencia organizada. También pidió coordinación interinstitucional para fortalecer las condiciones de trabajo de los operadores de justicia en el país.
Organismos internacionales y asociaciones de magistrados han insistido en la necesidad de garantizar la independencia judicial y la protección de los funcionarios encargados de investigar y juzgar casos de alto perfil relacionados con estructuras criminales y corrupción.
