El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 31-26, que crea un nuevo régimen de incentivos fiscales para las inversiones turísticas en Panamá. La propuesta busca unificar normas actualmente dispersas, atraer capital nacional y extranjero, generar empleos y ampliar la oferta de alojamiento y experiencias fuera de los destinos tradicionales.
La aprobación del Ejecutivo no significa que el régimen ya esté vigente. El documento deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional, donde será sometido a los tres debates reglamentarios. Solo después de su aprobación, sanción presidencial y promulgación podrá adquirir fuerza de ley.
La iniciativa sustituirá el esquema de la Ley 80 de 2012, cuyo plazo para inscribir empresas fuera del distrito de Panamá en el Registro Nacional de Turismo venció el 31 de diciembre de 2025. Esa normativa ofrecía exoneraciones tributarias a proyectos nuevos y establecimientos en operación.
Bajo el régimen anterior, los alojamientos ubicados fuera del distrito capital podían recibir 15 años de exoneración del impuesto sobre la renta y de inmuebles.
También se concedían cinco años para importar materiales de construcción y diez para introducir muebles, enseres y equipos destinados exclusivamente al proyecto turístico.
La Ley 80 exigía inversiones mínimas de $250.000 para nuevas construcciones, mientras los proyectos nuevos en áreas indígenas y las remodelaciones o equipamientos requerían al menos $100.000. El nuevo modelo elevará a $1 millón la inversión mínima para modernizar establecimientos existentes.
Uno de los cambios principales será la aplicación diferenciada de los incentivos según el territorio. Los nuevos alojamientos construidos en el Caribe panameño podrán recibir exoneraciones del impuesto sobre la renta y de inmuebles durante 15 años, debido a la mayor brecha de infraestructura turística identificada en esa región.
Estos proyectos también dispondrán de cinco años de exoneración para importar materiales de construcción y diez años para equipamiento. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, explicó que el objetivo es ofrecer mayores estímulos donde existe menor desarrollo y más dificultad para atraer inversiones.
En el resto del país, fuera del distrito de Panamá, los nuevos alojamientos podrán obtener diez años de exoneración del impuesto sobre la renta y de inmuebles. El beneficio para importar materiales de construcción será de tres años, mientras la introducción de equipos quedará exonerada durante cinco años.
El proyecto incorpora incentivos para renovar y modernizar hoteles que ya se encuentran operando. Las inversiones deberán alcanzar como mínimo $1 millón e incluir ampliaciones, sustitución de equipos o modernización tecnológica. Los establecimientos podrán acogerse a estos beneficios hasta dos veces dentro de un periodo de cinco años.
Víctor Concepción, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, indicó que los establecimientos afiliados a cadenas internacionales suelen renovarse cada siete años para conservar sus estándares.
Según el dirigente empresarial, actualmente existen diez hoteles en proceso de remodelación, lo que implica compras de equipos, contratación de trabajadores y demanda de proveedores nacionales.
A diferencia del modelo anterior, la propuesta no contempla créditos fiscales transferibles para financiar proyectos turísticos. La Ley 122 de 2019 llegó a reconocer como crédito fiscal hasta 100% de determinadas inversiones, beneficio que posteriormente fue reducido a 60% y generó cuestionamientos por su costo para el Estado y los controles aplicados.
La ATP había adelantado que este mecanismo no sería recuperado. El nuevo esquema conserva exoneraciones sobre renta, inmuebles e importaciones, pero elimina la posibilidad de trasladar al impuesto sobre la renta una parte significativa del costo de un proyecto privado, según explicó De León.
La propuesta tampoco estará limitada a los hoteles. Los beneficios podrán extenderse a marinas, turismo náutico, congresos, convenciones y productos especializados, además de museos interactivos, centros de interpretación, atracciones temáticas y experiencias culturales, ambientales o tecnológicas que contribuyan a prolongar la estadía y aumentar el gasto de los visitantes.
La ATP podrá preparar una guía de productos prioritarios para cada región, de acuerdo con sus necesidades y oportunidades. Los proyectos que no aparezcan inicialmente en ese listado podrán solicitar una evaluación, pero deberán demostrar que poseen una naturaleza turística real y no responden únicamente a desarrollos inmobiliarios.
Para impedir abusos, el régimen incorporará fianzas de cumplimiento, evaluaciones periódicas y fiscalización conjunta entre la ATP y el Ministerio de Economía y Finanzas. También exigirá trazabilidad para los bienes importados, separación contable de las actividades beneficiadas y prohibirá recibir incentivos duplicados por una misma inversión.
El proyecto contempla además una Ventanilla Única Turística administrada por la ATP, con participación del MEF, Aduanas, MiAmbiente y el Ministerio de Comercio e Industrias. El mecanismo concentrará permisos, registros, certificaciones y autorizaciones para reducir tiempos y ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas.
De León sostuvo que el régimen anterior contribuyó a construir más de 20.000 habitaciones y a ampliar la planta hotelera, aunque no presentó una proyección concreta sobre la inversión que generaría la nueva propuesta. Su alcance dependerá de los proyectos aprobados y del resultado final de la discusión legislativa.
La iniciativa derogará la Ley 80 de 2012 y varias disposiciones posteriores que modificaron su funcionamiento. Si recibe el respaldo de la Asamblea y es promulgada, el Ejecutivo tendrá 60 días hábiles para reglamentarla, definir los procedimientos técnicos y establecer los controles para conceder los nuevos beneficios fiscales.
