La denuncia fue realizada por Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quien cuestionó la respuesta del Gobierno que preside Nasry “Tito” Asfura frente a la crisis territorial que afecta a varias comunidades garífunas del país.
Miranda afirmó que, en lugar de establecer un proceso de diálogo con las comunidades, la respuesta estatal ha sido, según denunció, impulsar acciones que terminan desplazando a los habitantes de sus territorios ancestrales y aumentando la presión sobre los defensores de derechos territoriales.
“La única respuesta que ha habido de este Gobierno es llegar a desplazar a las comunidades, hacer una horrible persecución”, afirmó la dirigente en una entrevista con la agencia EFE.
La denuncia fue realizada desde un campamento instalado frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, donde alrededor de 200 personas mantienen una protesta de carácter indefinido.
Los manifestantes reclaman al Estado hondureño el cumplimiento de cuatro sentencias de la CorteIDH relacionadas con los derechos territoriales de las comunidades garífunas, así como respuestas concretas ante los conflictos que persisten en sus territorios.
Miranda explicó que las comunidades esperan que el Gobierno abra un proceso de diálogo en el que participen directamente las organizaciones y poblaciones afectadas.
“Si quieren cumplir la sentencia y abrir el diálogo, tienen que llamar a las instancias y a las comunidades”, sostuvo.
De acuerdo con la dirigente, también habría desaparecido una comisión creada durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana.
Honduras acumula cuatro sentencias de la CorteIDH relacionadas con violaciones a los derechos de comunidades garífunas.
Los fallos corresponden a los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, emitidos en 2015; San Juan, en 2023; y Cayos Cochinos, en 2026.
Las resoluciones internacionales contemplan medidas relacionadas con la restitución de tierras ancestrales, consulta previa y protección de los derechos comunitarios, entre otras obligaciones que debe cumplir el Estado hondureño.
Sin embargo, Miranda cuestionó que, pese a que el Gobierno ha expresado públicamente su disposición a dialogar, las comunidades todavía no han sido convocadas para establecer una ruta concreta que permita ejecutar las medidas ordenadas por el tribunal internacional.
“En el momento en el que hay una sentencia en cualquier país, lo que debe hacer el Estado es sentarse con las personas afectadas, iniciar el diálogo”, manifestó la coordinadora de Ofraneh.
La dirigente insistió en que el cumplimiento de las sentencias no puede limitarse a declaraciones públicas, sino que debe traducirse en acciones concretas y acuerdos con las comunidades afectadas.
Además de reclamar el cumplimiento de las resoluciones de la CorteIDH, Ofraneh denunció hechos de violencia y desplazamiento en territorios ancestrales.
Miranda condenó especialmente el desalojo registrado en la comunidad de San Juan, en el Caribe hondureño, donde, según la organización, al menos medio centenar de personas fueron expulsadas durante un operativo en el que participaron más de 300 agentes policiales.
La organización sostuvo que el desalojo fue ejecutado de manera violenta y sin una orden judicial, mientras que cinco defensores del territorio fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad.
Por su parte, las fuerzas de seguridad justificaron la intervención bajo el argumento de que se trataba del cumplimiento de una orden de desocupación relacionada con una propiedad privada.
El operativo se desarrolló en el marco de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, aprobada por el Congreso Nacional en junio pasado.
Los cinco defensores detenidos durante el desalojo enfrentan acusaciones por usurpación agravada, por lo que el expediente fue remitido a un juzgado especializado en criminalidad organizada.
Para Miranda, estas acciones representan una forma de criminalización de la defensa territorial, por lo que exigió el cierre definitivo de la causa penal.
La dirigente calificó el proceso como “ilegal y arbitrario” y cuestionó que se haya producido una intervención policial en una comunidad que, según Ofraneh, cuenta con una sentencia protectora de la CorteIDH.
La población garífuna constituye una de las principales comunidades afrodescendientes de Honduras y mantiene una presencia histórica en la costa Caribe del país.
De acuerdo con los registros históricos citados por EFE, los primeros grupos garífunas llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797, procedentes de la isla de San Vicente.
Los primeros asentamientos se establecieron en Punta Gorda, Roatán, y posteriormente las comunidades se extendieron a lo largo de la costa caribeña hondureña.
Sin embargo, las organizaciones garífunas denuncian desde hace años conflictos relacionados con la propiedad de las tierras, proyectos turísticos, desplazamientos y amenazas contra defensores territoriales.
“Si es un Estado de derecho, que apliquen la justicia. Nosotros no debemos nada; queremos más bien que nos reconozcan lo que nos pertenece como pueblo garífuna”, afirmó.
