El juicio contra Ricardo Olivas Valle, extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), entró en su etapa final con la solicitud de la Fiscalía de una condena que suma 396 años de prisión por el supuesto desfalco de ₡3,293 millones (USD 7.3 millones) sustraídos de las bóvedas de la sede central de la entidad, en San José.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) inició la presentación de sus conclusiones ante el Tribunal Penal, donde expondrá por qué considera que el exfuncionario es responsable de los hechos que se le atribuyen y solicitará formalmente la pena de cárcel.
Olivas Valle enfrenta una acusación por 33 delitos de peculado, uno por cada extracción de dinero que, según el Ministerio Público, habría realizado entre 2021 y 2023 aprovechando los últimos minutos de la jornada laboral y los momentos de menor vigilancia dentro de la institución.
De acuerdo con la investigación, las sustracciones ocurrían principalmente entre las 4:16 p. m. y las 5:29 p. m., cuando el movimiento dentro de las instalaciones disminuía. La Fiscalía sostiene que el extesorero aprovechaba supuestos fallos en los controles internos para retirar millones de colones de las bóvedas.
Durante el juicio fueron analizadas decenas de grabaciones de seguridad que, según la acusación, muestran al exfuncionario colocando fajos de billetes en sobres de manila amarillos para luego salir de la entidad pasando por los controles de seguridad.
El caso fue denominado “Gallo Tapado” por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía debido al presunto mecanismo utilizado para ocultar el origen del dinero.
Según la tesis acusatoria, Olivas habría utilizado parte de los fondos sustraídos para comprar diariamente grandes cantidades de fracciones y billetes de lotería de la Junta de Protección Social (JPS). Cuando resultaba ganador, el dinero era depositado en sus cuentas bancarias, lo que habría permitido introducir los recursos al sistema financiero aparentando que provenían de una fuente legítima.
Durante los allanamientos realizados en su vivienda, las autoridades encontraron cerca de 3,000 fracciones de lotería, como parte de las evidencias incorporadas al expediente judicial.
Fiscalía: pruebas acreditan responsabilidad
El Ministerio Público sostiene que la prueba presentada durante el debate demuestra la participación del exfuncionario en las extracciones de dinero y solicitó una condena acumulada de 396 años.
Sin embargo, aunque la sumatoria de penas supera ampliamente la normativa nacional, la eventual sentencia deberá ajustarse al límite máximo establecido por la legislación costarricense, que actualmente es de 36 años de prisión.
Además de la Fiscalía, en el proceso participan como partes acusadoras la Procuraduría General de la República y el Banco Nacional, institución que reclama los recursos supuestamente sustraídos.
Reconoció adicción a la lotería
Durante su declaración ante el Tribunal, Olivas Valle reconoció que tuvo problemas relacionados con los juegos de azar, aunque afirmó que su adicción estaba limitada a la compra de lotería.
“Tuve adicción a los juegos, en algún momento, a la lotería solamente”, declaró el exfuncionario, quien aseguró que tras ingresar a prisión en 2023 su problema estaba relacionado únicamente con “ganas de jugar”.
El extesorero negó que su conducta estuviera vinculada con otros tipos de apuestas y afirmó que compraba principalmente tiempos y monazos, mientras que la lotería la adquiría en menor cantidad.
Fallas en controles del Banco Nacional
La investigación también reveló presuntas debilidades en los mecanismos de supervisión interna del Banco Nacional.
Según la acusación, desde 2019 no se realizaban arqueos físicos exhaustivos en las bóvedas, situación que habría permitido que las supuestas sustracciones continuaran durante varios años sin ser detectadas.
Además de Olivas Valle, otras personas fueron incluidas en investigaciones separadas por posibles omisiones, incumplimiento de deberes o encubrimiento. Entre ellas figuran supervisores, contadores, personal de seguridad y exdirectivos jurídicos de la entidad.
El juicio continuará con la etapa de conclusiones de las partes y posteriormente el Tribunal Penal deberá definir la responsabilidad del exfuncionario y la eventual sentencia.
