El sueño de construir un canal interoceánico en Nicaragua, que prometía transformar al país en una potencia logística regional, permanece como una meta incumplida y, para muchos, como una “obra invisible”. A pesar de que las excavadoras se detuvieron hace casi una década y la empresa concesionaria china HKND Group desapareció del panorama operativo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa asignando fondos públicos a una infraestructura que no existe en la realidad, según América Malls and Retail.
De acuerdo con la publicación del medio especializado en noticias de retail y consumo en Latinoamérica, en el ciclo presupuestario más reciente, el gobierno destinó más de USD 250,000 a una entidad encargada de gestionar el llamado Gran Canal de Nicaragua, un proyecto paralizado desde 2014 y que, lejos de avanzar, solo sobrevive en los documentos oficiales.
La Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, el organismo estatal creado para supervisar la construcción y eventual operación de la vía, sigue recibiendo partidas presupuestarias anuales. Los recursos asignados no se traducen en maquinaria ni avances tangibles, sino que se consumen mayoritariamente en gastos operativos: salarios de una junta directiva y personal administrativo, mantenimiento de oficinas y algunos mínimos esfuerzos de relaciones públicas para sostener la narrativa de que el proyecto “sigue en pie”.
Según el medio especializado de noticias, el último informe de ejecución presupuestaria revela que, aunque un cuarto de millón de dólares es una fracción frente a los USD 50,000 millones que se estimaba costaría la obra, el problema central no es el monto absoluto, sino el propósito de mantener con vida una oficina dedicada a un proyecto que solo existe en el papel.
En 2014, se realizó un evento inaugural simbólico y algunos trabajos menores en caminos de acceso, pero la crisis bursátil en China entre 2015 y 2016 hundió la fortuna del empresario Wang Jing y detuvo las obras por completo. Desde 2019, el canal desapareció de los radares internacionales de inversión, aunque nunca del presupuesto nacional nicaragüense.
Impacto social y ambiental de una ley vigente
El sostenimiento de la Autoridad del Canal no es solo un problema económico. La Ley 840, aprobada en 2013, sigue vigente y otorga al Estado la potestad de expropiar tierras a lo largo de la ruta proyectada. Esto mantiene en vilo a miles de familias en el sur de Nicaragua y la zona del Lago Cocibolca, que viven en un estado de inseguridad jurídica permanente ante la amenaza de expropiación. Los movimientos campesinos han denunciado que la existencia de esta “entidad fantasma” sirve como herramienta de control territorial más que como motor de desarrollo, según consigna América Malls and Retail.
El empeño del régimen de Ortega y Murillo en no cerrar oficialmente el capítulo del Gran Canal responde, según diversas teorías publicadas por el medio especializado de noticias, a motivos políticos y estratégicos. Admitir el fracaso total supondría un golpe para la narrativa de “Nicaragua como potencia logística”, mientras que la partida presupuestaria permite sostener la ficción de que el proyecto está “en fase de planificación o revisión”. Además, la concesión podría utilizarse como ficha en negociaciones futuras con potencias como China o Rusia, pese a que hoy no existe interés real en el proyecto. Finalmente, los fondos asignados permiten mantener empleos de figuras políticas cercanas al oficialismo dentro de la estructura estatal.
Nicaragua frente a la región: una ruta estancada
Mientras Nicaragua gasta recursos en oficinas vacías y salarios administrativos, sus vecinos avanzan con proyectos tangibles. Panamá culminó la ampliación de su canal y sigue rompiendo récords de ingresos, incluso en años de sequía. México, por su parte, desarrolló el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una alternativa ferroviaria que ya cuenta con inversión y obras concretas. Para la ciudadanía nicaragüense, el cuarto de millón de dólares anual destinado al canal podría financiar la construcción y equipamiento de varios centros de salud rurales, programas de merienda escolar o proyectos de potabilización de agua en comunidades que, irónicamente, se encuentran cerca de la ruta original del canal, de acuerdo con América Malls and Retail.
El Gran Canal de Nicaragua se ha convertido en el ejemplo paradigmático de una “obra invisible”. Sin dragas, cemento ni trabajadores, lo único que permanece son asientos contables y transferencias bancarias a una autoridad sin funciones reales. La persistencia del gasto no responde a lógica económica ni de ingeniería, sino a la decisión política de no reconocer una de las mayores promesas incumplidas de la historia centroamericana reciente. La transparencia en el uso de estos fondos sigue siendo la gran ausente, mientras el Lago de Nicaragua permanece intacto, sin barcos de gran calado, pero con una oficina en la capital que continúa absorbiendo recursos públicos.
El régimen de Ortega y Murillo sostiene, año tras año, el financiamiento de una burocracia sin objeto, mientras las prioridades sociales y económicas de Nicaragua permanecen desatendidas, indica América Malls and Retail. El Gran Canal, lejos de unir océanos, se ha transformado en un símbolo de opacidad, despilfarro y control político en el corazón de Centroamérica.
