La resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que dejó, este jueves, sin efecto la nómina de candidatos a Fiscal General, generó una reacción del presidente Bernardo Arévalo, quien aseguró que “el régimen de abuso y miedo está por terminar”.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, Arévalo destacó que “el amparo evidencia resistencias al cambio” y sostuvo que el país centroamericano está “a las puertas de un cambio de tiempo”.
El mandatario exhortó a la Comisión de Postulación a no ceder ante presiones y a conformar una nueva lista integrada por profesionales íntegros, éticos e independientes.
El presidente guatemalteco recalcó que la nueva nómina debe excluir a quienes “han servido a la impunidad, a los operadores de intereses oscuros y a quienes han traicionado el mandato de justicia del pueblo”.
Según reportó Emisoras Unidas, el fallo establece que la Comisión debe evaluar nuevamente los expedientes usando la tabla de gradación aprobada, sin contabilizar automáticamente los años en la judicatura como equivalentes a la práctica profesional requerida para el cargo.
Esta decisión, de acuerdo al citado medio, responde a una acción legal promovida por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo y sancionado por la Unión Europea por acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en Guatemala, pone en pausa el proceso de elección y obliga a un replanteamiento de los perfiles que podrían asumir la conducción del Ministerio Público.
Corte ordena recalificar expedientes
La resolución de la Corte de Constitucionalidad obliga a que la Comisión de Postulación retome sus funciones y califique nuevamente a los 48 aspirantes originales.
Ahora, cada expediente deberá ser evaluado aplicando estrictamente la tabla de gradación, lo que podría modificar la composición de la lista final de seis candidatos presentada inicialmente el pasado miércoles al presidente Arévalo.
El jefe de Estado tiene hasta el 17 de mayo para elegir al sustituto de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de corrupción y señalada por diversos sectores sociales y políticos.
“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada”, expresa el fallo de la máxima corte, según el documento citado por Emisoras Unidas.
Además, el tribunal enfatizó la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, y que la Comisión fundamente la puntuación otorgada en cada rubro evaluado para asegurar la transparencia de la nómina.
La selección del próximo Fiscal General, correspondiente al periodo 2026-2030, queda en suspenso hasta que se defina si la nueva ponderación de méritos altera los perfiles que componían la lista.
Mientras que, en su pronunciamiento, Arévalo reafirmó su compromiso con la renovación del sistema de justicia y anticipó que “próximamente nombraré a un nuevo fiscal general para el Ministerio Público”. Para el presidente, el país enfrenta un punto de inflexión en el que la designación de la nueva autoridad debe responder a la demanda social de justicia y transparencia.
