El régimen de Irán ejecutó al menos a 24 personas desde marzo, incluidas seis en apenas dos días, según denuncias de organizaciones de derechos humanos que alertaron sobre un aumento de las ejecuciones secretas, torturas y presiones contra familiares de los condenados. Los grupos denunciaron además que las autoridades, en varios casos, se niegan a entregar los cuerpos de los fallecidos a sus familias.
El grupo de monitoreo Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, sostuvo que las ejecuciones aumentaron en medio de la represión posterior a las protestas y de las acusaciones de espionaje vinculadas al conflicto regional. Las denuncias también señalaron que el bloqueo de internet impuesto hace más de dos meses dificultó las comunicaciones dentro del país y limitó la circulación de información sobre las ejecuciones.
Según el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Irán, citado por grupos locales, el país ejecutó al menos a 1.600 personas en 2025. La mayoría de las condenas correspondieron a delitos de narcotráfico o asesinato, aunque organizaciones humanitarias afirmaron que las autoridades utilizan el contexto de guerra para intensificar la represión contra críticos del régimen.
Uno de los casos mencionados por organizaciones y familiares fue el de Saleh Mohammadi, adolescente y campeón nacional de lucha libre ejecutado en marzo. Un familiar cercano aseguró en un mensaje enviado al diario The Guardian que la familia atraviesa un “profundo trauma psicológico”.
“Tras la ejecución de nuestro hermano, personas que apoyan al gobierno se han congregado repetidamente frente a nuestra casa, coreando consignas y sometiéndonos a acoso y presión psicológica constantes”, declaró el familiar. “Estas acciones han multiplicado nuestro sufrimiento y aumentado nuestra sensación de inseguridad”, añadió. “Tengo pesadillas todas las noches”.
Las ejecuciones recientes también incrementaron la preocupación entre familiares de detenidos vinculados a las protestas del movimiento “Mujeres, vida, libertad” de 2022. Entre los ejecutados durante el último fin de semana figuró Mehrab Abdollahzadeh, integrante de la minoría kurda y detenido durante aquellas manifestaciones.
También fueron ejecutados Nasser Bakerzadeh y Yaghoub Karimpour, acusados de espiar para Israel. Los tres permanecían detenidos en la prisión central de Urmia, en el oeste iraní.
“Cada vez que se informa de una nueva ejecución en Irán, sentimos que revivimos esos mismos momentos dolorosos de la pérdida de Saleh; una herida que nunca ha cicatrizado se reabre una y otra vez”, expresó el familiar de Mohammadi.
Las cartas y mensajes de voz enviados por algunos detenidos antes de sus ejecuciones describieron presuntas torturas físicas y psicológicas. En comunicaciones dirigidas a la Red de Derechos Humanos del Kurdistán (KHRN), con sede en Francia, Abdollahzadeh y Bakerzadeh denunciaron amenazas contra sus familias y presiones para obtener confesiones.
Rebin Rahmani, integrante de la junta directiva de KHRN, afirmó que las autoridades trasladan a los detenidos a lugares secretos antes de ejecutarlos. “Los llevan a lugares secretos, los ejecutan y no informan a las familias”, sostuvo. “Cuando las familias acuden a la prisión, se les impide recibir los cuerpos”.
Rahmani también describió las condiciones de aislamiento previas a las ejecuciones. “Es inhumano. Les ataban las manos y los pies. Primero los trasladaban a centros de detención de máxima seguridad para obligarlos a confesar, y luego a aislamiento para la ejecución de la sentencia”, declaró.
En una nota de voz enviada antes de morir, Abdollahzadeh rechazó las acusaciones en su contra. “Me están torturando física y mentalmente”, afirmó. Según su testimonio, permaneció 38 días bajo torturas para forzar una confesión.
Bakerzadeh también dejó una carta en la que describió el impacto de la condena sobre él y su familia. “La sentencia de muerte me ha matado, me ha destrozado. A cada instante veo mi propia muerte ante mí. Ha doblegado a mi familia”, escribió. “Hoy me toca a mí. Mañana le tocará a otro”.
En otro caso reportado por IHRNGO, tres manifestantes arrestados en la ciudad de Mashhad por las protestas de enero fueron ahorcados en un lugar no revelado. Una fuente de esa ciudad aseguró que las familias recibieron presiones para guardar silencio.
“Las familias ya estaban bajo presión incluso antes de las ejecuciones para que guardaran silencio, dando por sentado que su silencio las salvaría de la horca”, señaló la fuente. “Pero fueron asesinados de todos modos, y ahora la presión continúa después de las ejecuciones para que las familias al menos puedan tener la esperanza de recuperar sus cuerpos y enterrarlos con dignidad”.
Tras las denuncias, organizaciones de derechos humanos reclamaron la intervención de la comunidad internacional y alertaron sobre el riesgo que enfrentan cientos de detenidos.
“Muchos detenidos han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas para obtener confesiones. Nos preocupa profundamente que cientos de ellos puedan enfrentarse a cargos punibles con la pena de muerte”, declaró Mahmood Amiry-Moghaddam, integrante de IHRNGO.
“El uso de la pena de muerte por parte del régimen y las violaciones de derechos humanos han quedado eclipsados por la guerra, y las autoridades parecen estar aprovechando esta situación para intensificar la represión contra la población”, agregó.
Mientras tanto, un compañero de prisión de Abdollahzadeh, Bakerzadeh y Karimpour relató en un mensaje enviado a The Guardian que los presos continúan en estado de shock y que durante el fin de semana realizaron un homenaje en memoria de los tres ejecutados.
