En un país donde el 82% de los encuestados califica como malo el estado de hospitales y centros de salud, dos de cada tres personas consultadas respaldan una fórmula distinta para la provisión de servicios esenciales. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), señala que el 66% prefiere que la salud y la educación combinen oferta pública y privada ante la crisis que viven porque el régimen no puede prestarle esos servicios básicos de forma óptima.
El sondeo, realizado entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026, reunió 1,318 entrevistas personales en 79 municipios de todas las provincias cubanas y en el municipio especial Isla de la Juventud. El estudio plantea un escenario en el que las demandas sobre hospitales, escuelas, electricidad, alimentos y medicamentos forman parte de una misma preocupación por las condiciones de vida.
La preferencia por un modelo mixto supera con amplitud a las otras alternativas. Solo el 21% de los consultados prefiere que educación y salud queden exclusivamente bajo gestión pública. El 6% opta por una oferta solo privada; otro 6% no sabe qué alternativa elegir y el 1% no respondió.
La evaluación de la infraestructura de salud es una de las más bajas entre los servicios públicos. El 82% considera malo el estado de hospitales y centros de salud, según los resultados presentados por el OCDH. El 13% lo define como regular, el 3% lo califica de bueno y el 2% no ofrece una respuesta.
Los jóvenes concentran el mayor apoyo a una oferta pública y privada
La distancia entre generaciones aparece como uno de los datos centrales de la encuesta del Observatorio. El 78% de las personas de 18 a 30 años respalda un sistema de salud y educación con participación estatal y privada. Entre los mayores de 70 años, esa proporción baja al 53%.
La posición favorable a una gestión exclusivamente pública sigue el camino opuesto. Solo el 12% de los jóvenes escoge esa modalidad, frente al 35% de las personas de más de 70 años. El informe no indaga en las razones de cada respuesta, aunque la diferencia coincide con una evaluación desfavorable de los servicios e infraestructuras estatales.
La elección de un modelo mixto se abre paso en medio de dificultades que atraviesan la atención sanitaria y el sistema educativo en la isla. Las valoraciones de los encuestados no describen aspectos médicos o pedagógicos, pero sí exponen una percepción extendida sobre el estado físico de los espacios donde se prestan ambos servicios.
Las escuelas reciben una evaluación menos negativa que los hospitales, aunque el resultado conserva una mayoría de opiniones desfavorables. El 56% de los entrevistados afirma que el estado de los centros educativos es malo. El 32% los considera regulares, el 5% expresa una valoración positiva y el 7% no responde o no sabe.
La salud y los medicamentos ocupan el cuarto lugar entre las urgencias
Hospitales y centros de salud se ubican, además, entre los servicios públicos con las peores calificaciones del estudio.
La encuesta permitió a cada persona mencionar hasta tres problemas que deberían abordarse durante los próximos seis meses. La sanidad y el acceso a medicamentos aparecen en el 34% de las respuestas, detrás de los apagones, la crisis alimentaria y el costo de la vida o inflación.
Los cortes eléctricos encabezan la lista, con el 70% de las menciones. La crisis alimentaria ocupa el segundo lugar con el 52%, seguida por el costo de la vida, señalado por el 45%. Los salarios figuran en el 27% de las respuestas y la inseguridad y violencia, en el 24%.
La posición de la salud en esa lista adquiere relieve ante la valoración de los hospitales. La encuesta recoge, a la vez, la presión de otras carencias que inciden sobre los hogares y condicionan la prioridad que cada persona asigna a los servicios médicos.
Los servicios básicos amplían el malestar sobre la infraestructura pública
El estado de hospitales y escuelas forma parte de una evaluación negativa de la infraestructura pública en general. El 95% de los encuestados considera malo el sistema eléctrico, la cifra más alta entre los nueve rubros analizados. La recogida de basura y la gestión de vertederos alcanza 87% de opiniones negativas; internet y telefonía, 86%; y los acueductos y alcantarillado, 84%.
Las carreteras son evaluadas de forma negativa por el 80% de los entrevistados. Las viviendas y edificaciones alcanzan un 74%, mientras que los mercados y las zonas industriales registran un 64%.
El OCDH señala que el 95% de los consultados considera regular o malo el conjunto de las infraestructuras analizadas, frente a apenas un 2% que las califica como buenas. En ese marco, la preferencia por una provisión mixta de educación y salud se combina con reclamos inmediatos por electricidad, alimentos, inflación, atención médica y medicamentos.
