Virginia Rivero, esposa del abogado argentino Germán Darío Giuliani, les pidió públicamente a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez que incluyan a su marido entre los 300 presos políticos que el gobierno de Venezuela anunció que liberará, en la semana en que se cumple un año de su detención injustificada en Caracas.
“Hoy tienen la oportunidad de ponerle fin a este sufrimiento. Tienen la oportunidad de hacer lo correcto. Tienen la oportunidad de ver cómo Germán vuelve a abrazar a su familia”, sostuvo Rivero en un video que difundió este miércoles Elisa Trotta, una de las fundadoras del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. “Desde el fondo de mi corazón, les pido que liberen a mi marido, que se encuentre entre esos 300 presos políticos que están por liberar”, reclamó.
La mujer, además, recordó que a principios de mayo falleció el padre de Giuliani. “No le permitieron venir a casa, no le permitieron despedirse de su papá, no le permitieron abrazarlo”, lamentó.
Giuliani fue arrestado entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras navegaba en una embarcación alquilada en aguas del estado Anzoátegui. Al advertir su acento argentino, fue aprehendido de inmediato y luego vinculado a acusaciones de terrorismo y narcotráfico, sin que existan precisiones judiciales públicas conocidas. Desde entonces fue trasladado por al menos tres centros de reclusión —el Comando Militar de Las Acacias, Yare II y Yare III— y sus familiares desconocen hasta hoy su ubicación exacta dentro del Complejo Penitenciario de Yare.
Rivero subrayó que su marido cuenta con una boleta de excarcelación firmada desde febrero y con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que pese a ello permanece detenido. El 27 de abril, la CIDH adoptó la Resolución 32/2026, mediante la cual exigió a Caracas que informara de inmediato el paradero exacto del abogado, su estado de salud y las condiciones de su reclusión. El organismo concluyó que Giuliani atraviesa una situación de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos a la vida, la integridad y salud.
La resolución incorporó denuncias de tormentos físicos, golpizas y presuntas torturas. Según el expediente, Giuliani habría declarado que “le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes”. Un periodista excarcelado que compartió celda con él en el Comando Militar de Las Acacias lo vio llegar “con la mirada perdida, asustado y golpeado”, con marcas de vendas y la piel quemada. Ese mismo testigo recogió el relato del propio Giuliani: “Vine como turista y en Puerto La Cruz me secuestraron, me lanzaron contra la pared y me amarraron de manos y pies. Me golpearon para confesar delitos y como no lo hice me amenazaron con desaparecerme en el mar».
Según el expediente de la CIDH, en noviembre de 2025 Giuliani fue llevado en dos ocasiones a un cuarto de tortura denominado “El Tigrito”, donde “lo colgaron de las manos por más de tres horas y le echaban agua fría en su rostro”. Tras esos episodios regresó con “morados en sus muñecas y ojos desenfocados”. La denuncia agrega que esos castigos se producían cada vez que solicitaba atención médica o asistencia jurídica.
Las condiciones de comunicación con su familia fueron descriptas como extremas: las llamadas eran esporádicas, de no más de dos minutos, grabadas y supervisadas, y en ocasiones transcurrieron meses sin contacto alguno. El organismo alertó sobre el deterioro de su salud mental y exigió acceso inmediato a agua potable, alimentación adecuada y atención médica. El régimen venezolano no respondió el requerimiento de información que la Comisión formuló el 16 de abril. El plazo venció sin contestación oficial.
El caso adquirió nueva dimensión diplomática a principios de mayo, cuando Argentina volvió a reclamar ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. El representante argentino, Carlos Cherniak, reafirmó el compromiso de Buenos Aires con “la libertad de todos los presos políticos en Venezuela” y con “la restauración de la democracia plena” en ese país, al tiempo que advirtió que una “pequeña luz” en Venezuela no equivale a una señal de tranquilidad mientras haya detenidos y desaparecidos.
El presidente de la CIDH, el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, informó ante la OEA que, a abril de 2026, 454 personas continúan detenidas en Venezuela por razones políticas, entre ellas 44 mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 militares. “Toda detención arbitraria debe cesar de inmediato”, afirmó Ralón Orellana, y exigió “listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas, con nombres y estado procesal”, al tiempo que advirtió que “la opacidad es una forma adicional de violación”.
