Bajo el lema “La salud no puede esperar”, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos, trabajadores del sector se manifestarán hoy en la Marcha Federal por la Salud. Partirá a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación —ubicado en Avenida 9 de Julio y Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires— hacia Plaza de Mayo.
El ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía de la Ciudad desplegaran un operativo especial para ordenar el tránsito y preservar la Casa Rosada y las inmediaciones de la cartera de Salud.
La convocatoria, articulada por el Foro por el Derecho a la Salud, responde, según denuncian, al recorte de 63.000 millones de pesos anunciado por el gobierno de Javier Milei en las partidas del área sanitaria.
Reclaman por el corte en las prestaciones y el desfinanciamiento en general del sistema de salud.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, rechazan el encuadre de la protesta. Mencionan “motivaciones políticas” detrás de la protesta. También destacan que la provincia de Buenos Aires fue la única jurisdicción que no participó el lunes 18 de mayo de la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto para definir reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.
Para La Libertad Avanza detrás de la Marcha Federal por la Salud está el gobernador Axel Kicillof, también apuntan a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y advierten que funcionarios provinciales oficiaron como “promotores activos” de la movilización en redes sociales, junto a gremios como ATE, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.
El recorrido de las columnas desde el Ministerio de Salud a Plaza de Mayo será por Avenida de Mayo.
Los motivos de la marcha
El Foro por el Derecho a la Salud por su parte, enumera una serie de medidas que considera regresivas para el sistema sanitario. Entre ellas, el desfinanciamiento y la interrupción del programa RemediAr —que distribuía botiquines con 79 medicamentos gratuitos a los Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país—, el desfinanciamiento del PAMI y la imposición de topes a sus médicos, el desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones y el retroceso en políticas de salud mental.
Sobre este último punto, advierten por una reforma de ley impulsada desde el oficialismo que, según denuncian, desplaza el enfoque social del tratamiento en favor del diagnóstico médico individual.
Los datos difundidos por los organizadores de la protesta reflejan el alcance del deterioro: el 80% de las obras sociales no cubre con su recaudación del Programa Médico Obligatorio (PMO), la mitad de quienes se atienden en el sistema público tiene obra social o prepaga —lo que evidencia la presión creciente sobre los hospitales estatales— y uno de cada cuatro jubilados no accede a los medicamentos que necesita. El PAMI, según denuncian, habría perdido el 40% de su presupuesto.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud convocó además a un paro nacional en el sector y anunció actos simultáneos en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras ciudades del interior.
“El financiamiento de los programas del Ministerio de Salud de la Nación está garantizado”, expresó el lunes el titular de la cartera de Salud de la Nación ante el Consejo Federal de Salud.
Junto a sus pares provinciales presentes, Lugones firmó un acta de compromiso para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal y garantizar la distribución de vacunas y el acompañamiento en la provisión de medicamentos de alto costo. Durante el encuentro, Nación y las provincias avanzaron en una agenda de trabajo orientada a mejorar la planificación, la eficiencia en las compras y la articulación entre jurisdicciones.
Las autoridades sanitarias analizaron el circuito de compras de medicamentos oncológicos y de alto costo impulsado por la cartera sanitaria nacional. Según la proyección para 2026, se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado.
El ministro de Salud de la Nación puso en valor el trabajo realizado para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Quiero dejar en claro que el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado. Esto ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios”, expresó.
En materia de financiamiento a otras jurisdicciones Salud pone como ejemplo el territorio bonaerense: el Estado nacional invierte 1.812 billones de pesos en salud para sus habitantes a través de hospitales nacionales y de gestión compartida, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis, programas de discapacidad y el propio RemediAr, entre otros.
Al mismo tiempo, sostienen que la provincia de Buenos Aires acumula una deuda de 630.635 millones de pesos con los hospitales SAMIC de gestión compartida —entre ellos el Hospital El Cruce, el Hospital René Favaloro y el Hospital Cuenca Alta.
Por su parte, desde el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunciaron que “814 niños esperan, desde el año 2022, prótesis de la provincia de Buenos Aires para poder ser operados” en esa institución.
“El Garrahan sostiene su funcionamiento principalmente con recursos de la Nación y atiende a niños de todo el país, sin embargo, el 70% provienen de la provincia de Buenos Aires. Hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente de su gestión local”, remarcaron las autoridades del hospital pediátrico a través de un comunicado.
