El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional una ampliación de Q120 millones para el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de fortalecer su operación en 2026 y dejar preparada la organización de las elecciones generales de 2027.
El decreto también asegura que los recursos no ejecutados al cierre de 2026 puedan trasladarse al presupuesto de 2027, para evitar que la planificación electoral pierda financiamiento.
La reforma incorpora un nuevo artículo 140 Bis al Presupuesto General vigente para 2026 y fija una asignación de Q500 millones para elecciones generales, monto que deberá usarse exclusivamente en planificación, organización, preparación, implementación, capacitación, logística, tecnología, comunicación, operación y otras actividades vinculadas con el proceso electoral de 2027, según el texto del decreto.
Ese mismo artículo dispone que los saldos de caja no ejecutados y financieramente disponibles al 31 de diciembre de 2026 se incorporen al presupuesto institucional del TSE en 2027.
El destino de esos fondos queda restringido al financiamiento del evento electoral, de acuerdo con la normativa presupuestaria, contable y financiera aplicable.
El decreto permite compras por excepción y obliga a reportes mensuales al Congreso
La reforma también faculta expresamente al TSE para realizar en 2026 las adquisiciones públicas necesarias para preparar las elecciones de 2027 bajo la modalidad de excepción prevista en el artículo 44, literal f), de la Ley de Contrataciones del Estado.
Esa autorización cubre compras asociadas a logística, tecnología, comunicación, operación y demás actividades directamente ligadas al proceso electoral.
A cambio, el tribunal deberá remitir a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso un informe mensual sobre la programación y ejecución de esas adquisiciones. El reporte tendrá que presentarse dentro de los primeros 15 días posteriores a cada mes cumplido y su entrega, según el decreto, no condicionará ni suspenderá la ejecución de las compras.
La ampliación presupuestaria aprobada por los diputados responde a una petición de los magistrados del TSE para contar con el mismo presupuesto de 2025.
En el desarrollo de la primera sesión extraordinaria, el pleno conoció primero la iniciativa de ley 6773, pero luego alcanzó consensos para dispensarla de dictamen y aprobarla en un único debate.
El Decreto 16-2026 modifica el artículo 140 Ter del Presupuesto General vigente y ordena al Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, realizar las modificaciones, reajustes y readecuaciones necesarias para asignar Q80 millones adicionales al tribunal electoral.
La norma indica que esos movimientos deberán formalizarse mediante el acuerdo gubernativo respectivo, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto.
El refuerzo institucional incluye fondos para necesidades como ciberseguridad
El mismo artículo 140 Ter autoriza al Tribunal Supremo Electoral a priorizar e incorporar a su presupuesto institucional de 2026 un monto de Q40 millones con cargo a sus saldos de caja acumulados al 31 de diciembre de 2025.
El texto fuente señala que esos recursos estarán destinados al fortalecimiento de necesidades institucionales, entre ellas la ciberseguridad.
La suma de ambos componentes explica la ampliación de Q120 millones aprobada por el Congreso: Q80 millones que deberá trasladar el Ejecutivo y Q40 millones que el propio TSE podrá incorporar desde sus saldos acumulados. El texto fuente precisa que los diputados atendieron así la petición de los magistrados para sostener la capacidad operativa del organismo.
El diputado Héctor Julio Estrada, presidente de la comisión de finanzas, explicó que la reforma añade una disposición para que lo no ejecutado en 2026 pueda utilizarse en el presupuesto electoral de 2027. Sobre ese punto, dijo: “Entonces, está poniendo un texto que explica que el recurso que reciban este año, si no lo gastan, lo tendrán para aportar a ese presupuesto 2027”.
Estrada también justificó el uso de compras por excepción para acelerar la preparación del proceso. Según su declaración en el texto fuente, “se les está dejando una, la excepción que le toca la parte de obras electorales para que puedan contratar más ágilmente, porque el proceso electoral ya básicamente está encima y levantar los procesos nos han dicho que nos lleva tiempo”.
El legislador sostuvo además que la redacción replica la fórmula utilizada para el ciclo electoral anterior. En sus palabras, “generalmente es como un artículo que se pone en el mismo presupuesto para el año electoral, que sí fue en el año 2022. Ahora estamos el espejo 2026, digamos, cuatro años más tarde. Estamos haciendo la misma redacción para que funcione como 2022 en 2026”.
