La crisis política en Bolivia se intensificó luego de que tres ministros del gabinete presentaran su renuncia al presidente Rodrigo Paz en medio de una ola de protestas y bloqueos que afecta al país desde hace más de cinco semanas.
Según informó la agencia de noticias EFE, las dimisiones corresponden a Beatriz García, ministra de Educación; Marcelo Salinas, titular de Defensa; y el responsable de la cartera de Trabajo, quien abandonó su puesto semanas atrás, según recordó El Deber. Las renuncias se producen mientras la administración de Paz enfrenta crecientes presiones sociales y económicas.
De acuerdo con reportes de El Deber, la salida de Beatriz García convierte a la funcionaria en la tercera autoridad de alto nivel que deja el gabinete en un contexto de movilizaciones que exigen la renuncia del mandatario.
Fuentes del Gobierno nacional confirmaron la dimisión al periódico citado, aunque hasta el momento no se han comunicado oficialmente los motivos de su alejamiento ni se ha designado a un reemplazo temporal para el Ministerio de Educación. La gestión educativa se encuentra en plena ejecución de actividades académicas y administrativas, lo que añade incertidumbre sobre el impacto de este cambio en el sector.
La renuncia de Marcelo Salinas, ministro de Defensa, fue confirmada por la agencia EFE a través de una fuente de la cartera, sin que se detallaran las causas de su dimisión. Medios locales apuntaron que el actual zar antidrogas, Ernesto Justiniano, podría asumir el cargo, aunque no existe confirmación oficial.
El Ministerio de Trabajo ya había registrado una renuncia semanas antes, ampliando la lista de bajas en un gabinete que enfrenta uno de los momentos más complejos para la actual administración.
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras, encabezadas por sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del ex presidente Evo Morales, se extienden por ocho de las nueve regiones del país.
Según datos recogidos por medios locales, los bloqueos han ocasionado desabastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, además de dificultades para el transporte y otras actividades esenciales.
Las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro figuran entre las más golpeadas por la interrupción del tránsito.
El saldo del conflicto incluye nueve fallecidos, entre ellos seis personas que no recibieron asistencia médica oportuna debido a los bloqueos, de acuerdo con información de EFE. Las pérdidas económicas superan los 1.900 millones de dólares, según cálculos empresariales citados en la misma agencia, lo que agrava la crisis que afecta al país desde 2023.
El gobierno de Rodrigo Paz intentó en dos ocasiones a habilitar corredores humanitarios para el paso de insumos y alimentos, con participación de policías y militares. Ambas operaciones derivaron en enfrentamientos y disturbios, y desde entonces no se han repetido iniciativas similares. Una alternativa propuesta para resolver la crisis ha sido la aplicación de un estado de excepción sectorializado, aunque el Ejecutivo la considera como último recurso.
Mientras tanto, los sectores movilizados mantienen su posición de no dialogar y exigen la salida del mandatario. Algunos actores políticos proponen adelantar un referéndum revocatorio para definir la permanencia de Paz, los parlamentarios y el vicepresidente Edmand Lara, quien rechazó la propuesta por considerarla anticonstitucional.
La prolongación del conflicto y la ausencia de respuestas sobre las recientes renuncias abren nuevos frentes de incertidumbre en el gobierno y la sociedad boliviana, que permanece en vilo ante la evolución de la crisis.
