El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó que Bolivia rechazó el ingreso de un grupo de ciudadanos argentinos que viajaron al país andino como parte de una “autodenominada Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El canciller Pablo Quirno difundió un comunicado oficial en el que detalló que las autoridades bolivianas detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, explicó el funcionario.
La delegación había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con “el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”, escribió el funcionario. Entre sus integrantes se encontraban legisladores nacionales y porteños, así como referentes sindicales. El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en la red social X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anunció una conferencia de prensa para las 16:30 en el aeropuerto de Ezeiza.
El comunicado de Cancillería precisó además que los miembros del grupo se encontraban retornando al país y que la Embajada argentina en Bolivia, junto con los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes.
“Las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”, detalló Quirno.
Luego agregó: “en función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”.
Desde el aeropuerto de La Paz, la legisladora porteña del Frente de Izquierda Alejandra Barry grabó un video en el que describió lo ocurrido en primera persona. “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación. Nos querían llevar a una habitación de inadmitidos. Dijimos que no”, relató Barry, quien subrayó que la misión tenía como objetivo “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez aportó un dato que complejiza el cuadro: según indicó en su cuenta de X, Marino “ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz” antes de ser retenido en el aeropuerto de La Paz. Martínez exigió a las autoridades bolivianas que el legislador pudiera “realizar las tareas para las que fue invitado” y exhortó a los funcionarios consulares argentinos a “garantizar su libertad e integridad física”.
La reacción desde el lado boliviano fue igualmente contundente. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetaran la soberanía del país. Yarhui señaló que la Cancillería boliviana debía asumir cualquier injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debía mantener buenas relaciones con otras naciones, “pero sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.
En la misma línea, el diputado boliviano por Unidad Alejandro Reyes afirmó que la llegada del grupo evidenciaba “una coordinación internacional para favorecer el retorno de regímenes autoritarios” y solicitó investigar quién financiaba los pasajes, la estadía y otros gastos de los visitantes. Reyes también pidió la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan a Evo Morales.
El comunicado de Cancillería argentina resaltó que los Estados poseen “facultades soberanas para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”, y confirmó que los mecanismos de asistencia consular permanecen activos.
