El 22.5% de las micro y pequeñas empresas (MYPE) informales accede principalmente a financiamiento a través de prestamistas informales, según el estudio presentado por la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (ASOMI).
El análisis pone en evidencia la vulnerabilidad financiera de los microempresarios y la preferencia por alternativas no reguladas ante las limitaciones de acceso al crédito formal.
El estudio de ASOMI en colaboración con el Observatorio MYPE de la Escuela de FUSAI, reunió a representantes de instituciones públicas, privadas y organismos internacionales, quienes discutieron cómo las barreras en el sistema financiero formal excluyen a miles de microempresas.
Según el estudio, el 31.4% de los asesores de crédito consultados percibe que los clientes de MYPE informales combinan créditos de fuentes formales e informales.
El principal motivo para recurrir a prestamistas informales es la expectativa de encontrar menos requisitos, trámites más ágiles y una mayor flexibilidad que la ofrecida por entidades reguladas.
Además, el 52.6% de las microempresas autoexcluidas evita solicitar préstamos a instituciones formales, lo que agrava su exposición a condiciones financieras adversas.
La directora de inclusión financiera de CONAMYPE, Escarlet Vidal, sostiene que el acceso limitado al crédito no es un hecho aislado, sino parte de un proceso progresivo que inicia cuando las empresas no logran cumplir con los requisitos del sistema bancario y terminan desplazadas hacia el sector informal.
“El 78% de los asesores de crédito consultados indica que la mayoría de las empresas en mora migran al crédito informal, y muchas permanecen ahí porque la reinserción al sistema formal se vuelve más difícil”, expresó Vidal según el estudio.
Entre las razones identificadas por los asesores de crédito para no solicitar financiamiento formal figuran el temor a no cumplir con los requisitos, el monto elevado de las cuotas, la inestabilidad familiar (17%) y la flexibilidad ofrecida por los prestamistas informales (12.4%).
Estos factores contribuyen a que las MYPE opten por alternativas informales, pese a los riesgos asociados, como tasas de interés elevadas y ausencia de protección legal.
El estudio también señala que las instituciones financieras podrían apoyar mejor a estos empresarios mediante la reducción de tasas de interés (36.5%), la ampliación de plazos para pagar deudas (17%) y la flexibilización de requisitos (12.4%).
Vidal subrayó la importancia de fortalecer la educación financiera y de diseñar productos adaptados a las necesidades de las micro y pequeñas empresas.
“No basta con sensibilizar a las microempresas sobre sus derechos y deberes, también es necesario que la banca entienda cómo crear productos adecuados para este segmento, que sean rentables y sostenibles para ambas partes”, señaló la funcionaria de CONAMYPE.
Vidal destacó que la heterogeneidad del sector requiere respuestas diferenciadas, especialmente para las microempresas de subsistencia y aquellas lideradas por mujeres, quienes enfrentan condiciones particulares, como la maternidad o la estacionalidad de ingresos.
ASOMI señaló la necesidad de ampliar la cobertura financiera a través de la innovación y la simplificación de procesos de crédito. Entre las propuestas figura la implementación efectiva de la Ley contra la Usura, que busca eliminar prácticas abusivas en el mercado de créditos informales.
Según Vidal, la ley establece mecanismos para proteger a los microempresarios, aunque en la práctica muchos casos se resuelven como relaciones civiles entre particulares, lejos del ámbito financiero formal. Por ello, la funcionaria enfatizó la necesidad de empoderar a las MYPE para que comprendan sus derechos y puedan defenderse ante situaciones de abuso.
