Economistas de cuatro centros de pensamiento de Guatemala advirtieron que el proyecto de presupuesto para 2027, de 192,000 millones de quetzales, elevaría el gasto estatal a 17,1% del PIB, el mayor nivel de la historia del país y superior al registrado durante la pandemia de covid-19.
Los analistas cuestionaron que una parte sustancial del endeudamiento propuesto financie gastos de funcionamiento, una práctica prohibida por la legislación ordinaria.
La dimensión del gasto contrasta con el presupuesto de 2020, cuando Guatemala destinó el equivalente al 15.9% del producto interno bruto para atender los efectos de la emergencia sanitaria.
El debate se produjo el 1 de octubre durante el conversatorio “El presupuesto del Estado para 2027 y desafíos en el año electoral”, organizado por la Red de Centros de Pensamiento.
El Ejecutivo pidió al Congreso de la República autorización para emitir y colocar 43,000 millones de quetzales en bonos del Tesoro. Más de la mitad de ese monto se usaría para gastos de funcionamiento, mientras solo una quinta parte financiaría inversión, según planteó Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Barrientos sostuvo que cerca de una cuarta parte de los bonos solicitados se destinaría a pagar el servicio de la deuda mediante nueva deuda. Para describir ese mecanismo, afirmó: “Estamos yendo al cajero automático a hacer un retiro con la tarjeta de crédito para luego ir al banco a pagar el pago mínimo de la tarjeta de crédito con el retiro”.
Bonos para funcionamiento y presión sobre el déficit
El artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe utilizar deuda pública para cubrir gastos corrientes. Sin embargo, Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que la propuesta incorpora una excepción para los bonos aprobados en 2027.
Antes de 2020, el máximo histórico de financiamiento de gastos de funcionamiento con bonos del Tesoro había sido de 4,5%. El proyecto llevaría esa proporción a 17,8%, una cifra cercana al 17,3% aplicado durante la pandemia.
Paul Boteo, economista de la Fundación Libertad y Desarrollo, afirmó que la magnitud del presupuesto no tiene justificación técnica. Las asignaciones para secretarías y otras dependencias del Ejecutivo crecerían 32,5%, principalmente por gasto corriente, e incluirían 2.000 nuevos puestos sin una función definida.
El Ministerio de Desarrollo Social, agregó Boteo, triplicaría sus recursos en cuatro años: pasaría de 1,746 millones de quetzales en 2023 a 5,500 millones en 2027. El economista alertó que el déficit fiscal promedio fue de 2.1% del PIB entre 2005 y 2023, pero la proyección para 2026 llega a 3.76% y la de 2027 alcanza 4.43%.
“Nos estamos endeudando a esos niveles con un Estado que es incapaz de hacer proyectos que nos permitan tener mayor productividad en el futuro y con unos niveles de corrupción altísimos”, dijo Boteo.
Erick Coyoy, economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señaló que la carga tributaria recaudada por la Superintendencia de Administración Tributaria se mantiene desde hace años cerca de 12% del PIB. Esa recaudación permanece estancada mientras las obligaciones de gasto aumentan de manera sostenida.
Fondos para desarrollo en un año de elecciones
Los Consejos Departamentales de Desarrollo podrían concentrar entre 17,000 y 20,000 millones de quetzales en 2027, cuando Guatemala celebrará elecciones generales.
Barrientos consideró que ese esquema es la principal preocupación del panel por el volumen de recursos y el riesgo de que sean utilizados con fines electorales o capturados por estructuras de crimen organizado.
El presupuesto vigente para esos consejos en 2026 es de 15.425 millones de quetzales, aunque al 28 de septiembre apenas se había ejecutado 25%. Para 2027, el Ejecutivo solicitó 6.120 millones, pero los fondos no utilizados durante el ejercicio anterior, estimados en unos 7,000 millones, deberán trasladarse al siguiente año por los decretos 27-2024 y 7-2025.
A esa transferencia se añadiría un aporte extraordinario de entre 5,000 y 7,000 millones de quetzales, de acuerdo con información no oficial recogida en el Congreso. Barrientos afirmó que, en los hechos, los recursos son controlados por alcaldes, diputaciones distritales y financistas de campaña.
Lavarreda también cuestionó una partida de 2,600 millones de quetzales para cubrir pérdidas operacionales del Banco de Guatemala. La entidad reportó un excedente neto de 4,248,7 millones de quetzales en su último estado de operaciones de 2025.
Coyoy advirtió que Guatemala registra el porcentaje más bajo de América Latina de estudiantes con logro satisfactorio en lectura y matemática al terminar sexto grado de primaria y tercero básico. Entre 2009 y 2022, solo la lectura en primaria mostró una mejora sostenida; los demás indicadores permanecieron estancados.
La meta oficial para reducir la desnutrición crónica infantil prevé una baja de 0.4 puntos porcentuales anuales durante los próximos 15 años. Lavarreda comparó ese ritmo con el promedio de 1,5 puntos porcentuales anuales registrado entre 2002 y 2014.
Los especialistas pidieron a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso recuperar el análisis técnico del presupuesto, identificar la fuente de financiamiento de cada obligación aprobada y respetar las tres lecturas legislativas antes de una eventual aprobación. También propusieron exigir dictámenes favorables que certifiquen la viabilidad y el beneficio social de los proyectos de inversión.
