Jonathan Yera Pozo, el cabecilla señalado de una red que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de villas de lujo en España, cayó en Punta Cana tras una pesquisa que arrancó en septiembre de 2023 con el rastreo de mensajes cifrados.
La operación internacional que terminó con su captura dejó un saldo de 27 detenidos en total: 26 en España y uno en República Dominicana, según informó EFE, la agencia de noticias española.
La red usaba contenedores marítimos para mover cocaína desde Colombia y Panamá
Las pesquisas españolas vincularon a la organización con cuatro decomisos de cocaína en Panamá que, en conjunto, superaron los 1.500 kilogramos.
La estructura trasladaba la droga desde Colombia y Panamá hacia Europa mediante contenedores marítimos, con métodos conocidos como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado” para introducir los cargamentos.
El negocio no se limitaba al tráfico. Según las autoridades españolas, la organización desarrolló además una estructura financiera para introducir en la economía formal las ganancias de sus actividades ilícitas, bajo un modelo que los investigadores describen como “crime as a service”: prestaban sus sociedades y mecanismos financieros para ocultar bienes de terceros a cambio de comisiones.
Quién es Jonathan Yera Pozo y por qué lo busca España
Yera Pozo, de 41 años, es el ciudadano español requerido por ese país por su presunta vinculación con una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos.
Fue detenido en Punta Cana, en el este de República Dominicana, durante un registro ordenado por la Suprema Corte de Justicia dominicana con fines de extradición. Las autoridades españolas lo señalan como uno de los principales responsables de la red.
El Ministerio Público dominicano informó ese viernes que la detención se produjo durante el registro de un inmueble, según indicó EFE. El operativo contó con la participación de organismos dominicanos y de agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de España, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Red Mundial de Información sobre Drogas (GDIN) y Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.
Villas de lujo en Ibiza, Marbella y Madrid
Las pesquisas identificaron sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario que los investigados habrían usado para invertir en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo. Ibiza, Marbella, la Costa del Sol y Madrid concentraron buena parte de esas inversiones.
También se detectaron operaciones inmobiliarias de la red en República Dominicana y Dubái. Como parte de la investigación, las autoridades españolas bloquearon 95 inmuebles y unos 200 bienes muebles vinculados a los investigados.
En España, la Policía Nacional y la Guardia Civil ejecutaron los arrestos en Madrid, Málaga, Ibiza, Pontevedra, Almería y León, en una operación coordinada por Europol contra lo que las fuerzas de seguridad describieron como una red de blanqueo al servicio del crimen organizado.
Qué se incautó durante el arresto de Yera Pozo
Durante el registro del inmueble donde se encontraba Yera Pozo y de varios vehículos, las autoridades ocuparon teléfonos celulares, equipos electrónicos y tres billeteras frías para criptomonedas. También se hallaron siete relojes de alta gama, entre ellos un Rolex, además de joyas.
El operativo sumó además un vehículo, documentos y certificados de propiedad, contratos de préstamos e inmuebles, tarjetas bancarias nacionales e internacionales y aproximadamente USD 13.000, de acuerdo con el detalle que aportó el Ministerio Público a EFE.
Yera Pozo permanece bajo custodia de las autoridades dominicanas mientras avanzan las evaluaciones médicas y los trámites legales de su extradición al Reino de España.
El operativo llevaba el nombre en clave de “Fast Lap”
La detención forma parte de la operación internacional “Fast Lap”, que incluyó 42 allanamientos simultáneos en distintos países para desarticular la estructura criminal transnacional, según el comunicado del Ministerio Público citado por EFE. La coordinación en territorio dominicano estuvo a cargo de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
