Diputados independientes del bloque Raíces presentaron ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República de Guatemala la iniciativa 6865, un proyecto de 79 artículos para sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace más de seis décadas y regular los contratos de alquiler de vivienda.
La propuesta, denominada Ley de Protección al Derecho a la Vivienda en Alquiler, busca establecer obligaciones para propietarios e inquilinos, prohibir desalojos realizados por la fuerza o mediante intimidación y fijar procedimientos para resolver conflictos derivados de los arrendamientos.
El proyecto plantea que las personas con mensualidades pendientes dispongan de un plazo de dos meses para cancelar las cuotas antes de que el propietario pueda iniciar un proceso de desalojo. La restitución del inmueble deberá tramitarse mediante los procedimientos legales correspondientes, con respeto al debido proceso y al derecho de defensa.
Elena Mota presentó la iniciativa durante una conferencia de prensa junto con las diputadas Mercedes Monzón y Patricia Orantes, y los parlamentarios Samuel Pérez, Román Castellanos, Orlando Pérez, Byron Obregón y Ronalth Ochaeta.
La legisladora sostuvo que el alquiler constituye para miles de familias, jóvenes, trabajadores y personas adultas mayores la única alternativa para acceder a una vivienda, ante un mercado en el que comprar una casa resulta cada vez más inaccesible. “Tener una vivienda digna no debería significar vivir con miedo a perderla de un día a otro”, afirmó.
Depósitos, rentas y reparaciones bajo condiciones definidas
La iniciativa pretende que los contratos de arrendamiento dejen de depender de acuerdos informales o cláusulas ambiguas. El texto obliga a los propietarios a formalizar por escrito las condiciones bajo las cuales entregan un inmueble en alquiler.
El contrato deberá dejar establecidas las reglas sobre la constitución, administración y devolución del depósito en garantía. La medida apunta a reducir las controversias entre las partes por el manejo de ese dinero al inicio o al final de la relación contractual.
La propuesta también define criterios de razonabilidad y previsibilidad para los ajustes de la renta. Cualquier modificación del canon de arrendamiento deberá responder a parámetros conocidos de antemano, en lugar de quedar sujeta a decisiones arbitrarias.
El proyecto no contempla controles administrativos de precios ni una intervención estatal directa para fijar el valor de los alquileres. La iniciativa sostiene que la libertad contractual es necesaria para incentivar la inversión privada en el sector de vivienda.
Las responsabilidades por reparaciones y mantenimiento del inmueble también quedarían incorporadas en el régimen propuesto. La norma incluye, además, causas para la terminación del contrato y plazos de aviso previo que deberán respetar tanto arrendadores como arrendatarios.
La nueva regulación reemplazaría el Decreto 1468, Ley de Inquilinato, que lleva más de 65 años en vigor. La propuesta busca actualizar el marco jurídico que rige los alquileres de inmuebles destinados a vivienda.
La prohibición de desalojos por fuerza, amenazas o cortes de servicios
El proyecto prohíbe de manera expresa los desalojos de hecho, definidos como actos unilaterales destinados a privar a una persona del uso del inmueble sin intervención de la autoridad competente. La prohibición alcanza a acciones realizadas por fuerza, intimidación, amenazas o suspensión arbitraria de servicios básicos.
La recuperación de la vivienda por parte del propietario solo podría concretarse a través de los mecanismos legales aplicables cuando exista una causa establecida. La propuesta de Ley reconoce el derecho de los arrendadores a promover acciones judiciales para proteger su patrimonio y recuperar el inmueble ante incumplimientos contractuales.
La iniciativa incorpora mecanismos alternativos para resolver controversias, entre ellos la conciliación y la mediación. El objetivo es reducir la judicialización de los conflictos que surjan durante la relación entre quien alquila una propiedad y quien la habita.
La diputada afirmó que la normativa no está diseñada como una protección exclusiva para los inquilinos. “Esta ley también protege al propietario, porque tener reglas claras significa saber cómo cobrar, cómo hacer valer un contrato y cómo recuperar legalmente un inmueble cuando exista un incumplimiento”, señaló Mota.
El texto de la iniciativa consultada sostiene que la formalización de los alquileres generaría condiciones de confianza para propietarios, desarrolladores inmobiliarios e inversionistas. Bajo esa premisa, plantea que un régimen más claro podría ampliar la oferta de inmuebles disponibles en el mercado habitacional.
La iniciativa 6865 deberá ser remitida a una comisión de trabajo del Congreso para su análisis y eventual dictamen, antes de ser sometida a discusión en el pleno legislativo.
