Un faltante de armas decomisadas y bajo resguardo del Organismo Judicial, detectado tras una auditoría interna y ya denunciado ante el Ministerio Público, abrió un nuevo foco de presión sobre la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, en un contexto de cuestionamientos previos a esa magistratura por decisiones internas y presuntos arreglos de poder.
La denuncia quedó registrada con el número MPE01-2026-44082, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso el medio guatemalteco Prensa Comunitaria. El expediente, según explicó el OJ, ya fue ampliado y ratificado, y la institución entregó la documentación vinculada con el caso para que el MP determine qué ocurrió y si existen responsabilidades.
El faltante salió a la luz en un aviso dirigido a los magistrados de la CSJ. Ese documento informó sobre el extravío de armas almacenadas en la armería del OJ y señaló que la anomalía fue establecida mediante una auditoría ordenada por Edwin Sandoval, director de la Dirección de Seguridad Institucional de ese organismo.
La comunicación no precisó cuántas armas faltan. Sí indicó que se presentó una denuncia contra el anterior encargado de la armería, quien, según ese reporte, “renunció sorpresivamente sin informar a seguridad”, y que la institución solo fue notificada de la aceptación de su dimisión.
El faltante se detectó tras la renuncia del encargado de la armería
El vocero del Organismo Judicial, Rudy Esquivel, confirmó que la ausencia del armamento se detectó después de la renuncia de la persona responsable del resguardo, aunque no detalló qué tipo de armas están involucradas. Durante la entrega del cargo, dijo el portavoz, aparecieron inconsistencias en el inventario que estaba bajo su responsabilidad.
A partir de esas anomalías, la Dirección de Seguridad Institucional ordenó verificaciones y auditorías internas. Esas revisiones confirmaron tanto el faltante de armamento como irregularidades en la documentación utilizada para llevar el control de las armas.
En una entrevista con Prensa Comunitaria, Esquivel afirmó: “La Dirección de Seguridad Institucional solicitó la realización de las verificaciones y auditorías internas correspondientes, mediante las cuales se estableció un faltante de armamento y otras irregularidades relacionadas con documentación”.
Agregó: “Como consecuencia de estos hallazgos, y actuando conforme a los procedimientos legales establecidos, se dio la instrucción a la Dirección de Seguridad Institucional de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”.
El aviso también señala que la situación fue puesta en conocimiento del secretario general de la CSJ, Sergio Ayala.
El caso se refiere a armas decomisadas, es decir, aquellas que pasan a ser propiedad del Estado por orden judicial como consecuencia de una sentencia. Según el procedimiento descrito en la publicación, esas armas deben quedar bajo resguardo de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).
Las que se encuentran en condiciones de uso pueden ser destinadas a labores de seguridad del OJ o de la Policía Nacional Civil. Las que son consideradas inservibles deben ser destruidas, conforme a la resolución judicial correspondiente.
El caso se suma a otros reportes de armamento extraviado bajo custodia estatal
La publicación de Prensa Comunitaria ubicó este episodio dentro de una cadena más amplia de reportes sobre pérdida o robo de armas en instituciones del Estado. Como antecedente, recordó que en 2025 el Ejército reportó el robo de 80 fusiles de alto poder y municiones que estaban bajo custodia oficial en el Comando Aéreo del Norte (CANOR), en Petén.
El faltante en la armería judicial también se inserta en un momento de desgaste para la CSJ. Sobre esa magistratura pesan cuestionamientos por su integración con magistrados señalados de estar vinculados con presuntos amaños de cortes, por viajes constantes, por cambios en las cámaras, por supuesta venta de plazas y por vínculos políticos dentro del Congreso.
Según Prensa Comunitaria, dentro del pleno de la CSJ se ha hecho visible la separación entre un bloque mayoritario y otro minoritario de oposición. El primero, añade el medio, reúne entre nueve o diez magistrados que votan en la misma línea y mantienen así el control de las decisiones.
Uno de los integrantes de la Corte, el magistrado Estuardo Cárdenas, denunció ante la Corte de Constitucionalidad un traslado irregular de Cámara. La publicación atribuye esa acción al bloque mayoritario encabezado por Claudia Paredes.
Durante las presidencias de Teódulo Cifuentes y Paredes, ese bloque impulsó decisiones que generaron críticas, entre ellas la creación e integración de nuevas Salas de Apelaciones sin que se hubiera informado al Congreso.
A la vez, la CSJ mantiene pendientes numerosos antejuicios con retrasos desde 2021, incluidos expedientes relacionados con diputados señalados de narcotráfico, como Esduin Javier Javier, conocido como “Tres Quiebres”, y otros casos vinculados con posibles hechos de corrupción.
A esos señalamientos se agregan cuestionamientos sobre la integración de juzgados y tribunales con jueces considerados cercanos a determinadas plataformas gremiales.
