La causa por la red de clínicas ilegales que operaba en La Matanza sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: los investigadores creen que la estructura sanitaria clandestina no era solo un negocio irregular, sino también una pantalla para blanquear dinero proveniente de otros delitos.
Según supo Infobae, la organización habría tenido su origen en una banda vinculada a la piratería del asfalto. Sus líderes, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, habrían utilizado fondos obtenidos a través del robo de mercaderías en tránsito para montar una falsa empresa de medicina prepaga, consultorios clandestinos, farmacias sin habilitación y una flota de ambulancias truchas.
El caso tiene como eje a la firma “Argentina Salud”, una supuesta prestadora médica que funcionaba en distintas localidades del partido de La Matanza y que, para los investigadores, operaba sin las habilitaciones correspondientes. En la primera información se había indicado que había seis detenidos. Sin embargo, tras el avance de los procedimientos, la Policía Federal informó que el total de arrestados asciende a 29 personas.
La investigación comenzó en febrero de este año por pedido de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate, con la intervención de la Secretaría de Francisco Veiga. Las tareas investigativas quedaron en manos de la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones.
A partir de las primeras medidas, los detectives lograron identificar al presunto cabecilla de la organización. Según la información oficial, se trata de un hombre con antecedentes penales por homicidio y robo. En paralelo, los investigadores detectaron que la banda no solo estaría vinculada al robo de mercadería en tránsito, sino que además habría montado una estructura sanitaria paralela bajo el nombre de “Argentina Salud”.
La hipótesis central es que esa fachada médica servía para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. La supuesta prepaga ofrecía servicios a vecinos de bajos recursos mediante consultorios, farmacias y ambulancias que, según la investigación, carecían de autorización estatal. También se detectó la utilización de falsos médicos, camilleros y farmacéuticos.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza, a cargo de Rubén Ochipinti, ordenó trece allanamientos simultáneos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning. En esos domicilios funcionaban consultorios médicos clandestinos, farmacias ilegales, depósitos y bases operativas de la organización.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron siete vehículos ploteados como ambulancias, que circulaban sin habilitación; una escopeta; dos pistolas; municiones; 286 sellos de profesionales de la salud; talonarios; recetarios médicos; 3.200 historias clínicas; 36 teléfonos celulares; 48 computadoras y otros dispositivos electrónicos. También incautaron medicamentos e insumos médicos valuados en aproximadamente 80 millones de pesos.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Fortín Yunka, en Virrey del Pino. Allí, los agentes encontraron restos de medicamentos parcialmente incinerados y excavaciones realizadas en distintos sectores del terreno.
Por ese motivo, se convocó a personal especializado del Departamento Delitos Ambientales, de la División Unidad de Búsqueda de Evidencia y de la División Canes de Bomberos de la PFA. Aunque el rastrillaje con perros no permitió hallar restos humanos, la escena abrió una nueva línea de investigación: determinar si en ese lugar se intentaron ocultar o destruir pruebas vinculadas a la causa.
En paralelo, mientras se desarrollaban los allanamientos, pacientes y vecinos comenzaron a acercarse espontáneamente a los lugares intervenidos para denunciar presuntos casos de mala praxis, tratamientos realizados por personas sin título habilitante e irregularidades médicas. Esos testimonios fueron incorporados al expediente para ampliar el alcance de la investigación.
La causa ahora apunta a reconstruir no solo el funcionamiento de la falsa prepaga, sino también su dimensión económica y patrimonial. La Justicia busca determinar cuánto dinero movió la organización, cuántas personas pudieron haber sido atendidas en condiciones irregulares y si existen más víctimas.
Los 29 detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición del juez Ochipinti, junto con los elementos secuestrados. La investigación continúa bajo la hipótesis de una estructura criminal que habría combinado delitos patrimoniales, ejercicio ilegal de la medicina, farmacias clandestinas y una fachada sanitaria destinada a lavar dinero.
