El abogado Esteban Aguilar presentó una denuncia administrativa ante la Inspección Judicial contra el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, por supuesta beligerancia política y eventuales infracciones al reglamento sobre conflictos de interés del Poder Judicial. La solicitud plantea la necesidad de investigar si los funcionarios emitieron opiniones públicas que podrían interpretarse como incompatibles con el deber de imparcialidad.
La denuncia se fundamenta en declaraciones públicas que ambos funcionarios realizaron sobre la coyuntura política y económica de Costa Rica. En el caso de Carlo Díaz, se cuestionan expresiones vinculadas con la situación política nacional, menciones al expresidente Rodrigo Chaves y al partido oficialista, así como opiniones sobre la democracia y el futuro de la Asamblea Legislativa. Una de las frases citadas en la denuncia fue pronunciada durante una entrevista en la que Díaz expresó: “No quiero que mi hija, mi nieto, tengan que salir huyendo y ser exiliados en otro país y es que estamos a un paso. Para mí la democracia hay que mantenerla”.
Por su parte, la magistrada Patricia Solano fue señalada por manifestaciones críticas sobre el desempeño económico del país. En una de sus declaraciones, Solano afirmó que antes de las elecciones se hablaba de una “economía jaguar”, pero que después “no llega ni a gatito”, según consta en una publicación periodística de Diario Extra. La denuncia solicita que tanto esa publicación como cualquier registro audiovisual o documental de las declaraciones sean preservados como prueba.
De acuerdo con el documento presentado por Aguilar, la investigación debe determinar si las declaraciones constituyen opiniones que pueden interpretarse como rechazo hacia una corriente o agrupación política, o si resultan incompatibles con la imparcialidad exigida a los funcionarios judiciales. Para sustentar la solicitud, el denunciante pidió incorporar como pruebas entrevistas publicadas en plataformas como Spotify y YouTube, así como reportes periodísticos.
La fundamentación jurídica de la denuncia se apoya en la Circular N.º 72-2019 de la Corte Plena, que regula la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial. El artículo 33 de esa norma señala que ningún funcionario judicial puede participar en procesos o actividades político-electorales ni expresar opiniones que se interpreten como adhesión o rechazo a una filiación política, incluyendo manifestaciones en redes sociales o internet.
El denunciante solicitó que la Inspección Judicial asegure la preservación forense de toda evidencia digital relacionada con las entrevistas y publicaciones, obteniendo copias íntegras de los archivos y garantizando su autenticidad. Además, pide que, de ser necesario, se requiera directamente a los medios o plataformas digitales los archivos originales para mantener la cadena de custodia de la prueba.
En sus peticiones, Aguilar remarcó que la investigación deberá establecer si las expresiones de los funcionarios están amparadas por la libertad de expresión propia del cargo o si exceden los límites establecidos por el régimen disciplinario del Poder Judicial. Sólo la Inspección Judicial, mediante el debido proceso, podrá determinar la existencia o no de una infracción.
Entre los medios de prueba ofrecidos se encuentran la entrevista realizada por Interferencia, de la Universidad de Costa Rica, disponible en Spotify, y otra entrevista difundida en YouTube, además de la publicación de Diario Extra. El denunciante dejó abierta la posibilidad de incorporar cualquier otro registro audiovisual o documental que la Inspección Judicial estime pertinente.
El caso se convierte en un nuevo episodio de escrutinio sobre las expresiones públicas de funcionarios del sistema judicial costarricense, en un contexto de alta sensibilidad por la relación entre el ámbito judicial y la política nacional.
