La Contraloría General de la República ordenó medidas precautorias por $1.47 millones sobre bienes vinculados a los exministros Rafael Sabonge y José Alejandro Rojas Pardini. Además, una auditoría detectó un posible perjuicio de $116.498 relacionado con fondos del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
En el caso de José Alejandro Rojas Pardini, exministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada durante el gobierno de Laurentino Cortizo, la institución fijó un monto preliminar de $774.462,64 para garantizar una eventual recuperación de recursos estatales.
La medida fue establecida mediante la Resolución 2927-2026-DNAJ/MP, fechada el 17 de septiembre, luego de evaluaciones preliminares efectuadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense. La decisión permite el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos asociados al exfuncionario.
Rojas Pardini también representó al Estado en la junta directiva de Panama Ports Company y estuvo vinculado a la Autoridad Marítima de Panamá. La Contraloría indicó que sus actuaciones tienen carácter preventivo y buscan proteger el patrimonio público mientras continúan las diligencias correspondientes.
Otra resolución afecta a Rafael José Sabonge Vilar, quien ejerció como ministro de Obras Públicas entre julio de 2019 y junio de 2024. La Contraloría ordenó medidas precautorias por un monto preliminar de $704.452,61, después de las evaluaciones desarrolladas por su unidad de auditoría forense.
Las acciones, dispuestas mediante la Resolución 2766-2026-DNAJ/MP, del 8 de septiembre, comprenden bienes, cuentas, vehículos y otros activos hasta completar la suma establecida. Entre los bienes alcanzados figuran tres cuentas bancarias y dos apartamentos, según información divulgada sobre el expediente.
La Contraloría ha explicado que la evaluación relacionada con Sabonge continúa y que sus resultados serán remitidos al Ministerio Público cuando terminen las diligencias. Hasta ahora, la medida administrativa no equivale a una imputación penal ni establece por sí misma la responsabilidad del exministro.
El tercer caso corresponde a Roger Alberto Tejada Bryden, ministro de Gobierno entre 2022 y 2024 y entonces presidente del patronato del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Una auditoría determinó un posible perjuicio económico de $116.498,67 durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2024.
Los fondos fueron utilizados para adecuar el Centro de Rehabilitación Femenina La Esmeralda, ubicado en Las Garzas, pese a que el desembolso, según el informe, no estaba relacionado con las competencias de los Bomberos. La revisión también encontró documentación ausente y activos sin registrar.
El informe señaló igualmente un uso inadecuado del Decreto 377-2015-DMySC y el incumplimiento de la legislación que creó la entidad. Ante esos hallazgos, la Contraloría recomendó remitir el documento al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas para las actuaciones que correspondan.
Estas tres actuaciones se suman a otras auditorías que ya originaron investigaciones penales. Una de ellas involucra a Publio De Gracia, exdirector general de Ingresos entre 2019 y 2024, quien fue imputado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales y permanece detenido provisionalmente.
La Fiscalía Anticorrupción también aprehendió a Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI, dentro de la Operación Tamías. La investigación surgió de una auditoría que estableció una diferencia patrimonial de aproximadamente $428.000 y comprende presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Otro proceso alcanza a Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, imputado por presunto enriquecimiento injustificado tras una auditoría sobre el origen de su patrimonio. Los tribunales mantuvieron su detención provisional mientras avanza la investigación, que también examina transferencias relacionadas con beneficiarios de ayudas económicas.
La lista incluye además a Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima, quien permanece detenido provisionalmente dentro de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. En ese expediente, la Contraloría había establecido medidas precautorias superiores a $1,3 millones sobre bienes relacionados con el antiguo funcionario.
A diferencia de esos expedientes judicializados, las actuaciones contra Rojas Pardini y Sabonge permanecen en una fase administrativa preliminar, mientras el caso relacionado con Tejada deriva de una auditoría pendiente de evaluación institucional. Corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos para abrir causas penales.
