En Bolivia, el poder es del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, instalado por su operador local, Evo Morales, sistema en el que no existe —desde hace casi 20 años— ninguno de los elementos esenciales de la democracia.
El presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder, y es víctima de una conspiración que intenta derrocarlo para mantener el narcoestado y la impunidad del “jefazo” Evo Morales.
La confrontación es “el crimen organizado contra la Nación Boliviana”, y la única opción es terminar las leyes de la dictadura, no aceptar impunidad y separar de la política a los operadores del crimen.
La violación de los derechos y libertades de la gente por medio de marchas, bloqueos, manifestaciones, agresiones criminales, atentados, masacres, asesinatos, supresión de servicios públicos y diversas formas de terrorismo, con narrativa de reivindicaciones sectoriales o sociales, es la metodología del crimen organizado trasnacional que, con denominación de populismo e izquierda, ha suplantado la política por delincuencia organizada que, en el siglo XXI, ha instalado gobiernos narcoterroristas en Latinoamérica.
Durante todo este siglo, los gobiernos de Latinoamérica han sido constreñidos a ser parte o a someterse al socialismo del siglo XXI; esto es, ser satélites de la expansión de la dictadura de Cuba, con su principal base en Venezuela. En ese contexto llegó a la presidencia de la República de Bolivia, en 2006, el dirigente de la coca ilegal Evo Morales y, en 2008, impuso —con falsificaciones, masacres sangrientas, sometimiento de la oposición funcional, sobornos y fraude— el llamado Estado plurinacional, que es la institucionalización del narcoestado, la pérdida de la soberanía y la garantía de impunidad.
Llegar a la presidencia en este sistema plurinacional solo tiene dos opciones: el continuismo, dentro del sistema de delincuencia organizada; o el cambio, amenazado por la violencia y el derrocamiento. En 2019, la presidenta Yanine Añez optó por el continuismo y el sistema del Estado plurinacional —que nunca perdió el poder— primero la reconoció, luego la desconoció y, a continuación, la encarceló. Con ese antecedente, el presidente Rodrigo Paz optó por el cambio en política internacional, pero internamente no tomó el poder: se quedó solo con el gobierno, que ahora los detentadores del poder le quieren arrebatar.
Evo Morales y su grupo criminal son responsables de más de dos décadas de falsificaciones, traición a la Patria, construcción del narcoestado, narcotráfico, terrorismo de Estado, violación de derechos humanos con presos políticos y exiliados, torturas, asesinatos y masacres sangrientas, como la del Hotel Las Américas, certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; entreguismo, corrupción, abuso de menores, destrucción de la economía y desfalco de reservas públicas y privadas… No han dejado delito del Código Penal boliviano ni de tratados internacionales sin perpetrar.
Con estos hechos probados, a solo seis meses de que Rodrigo Paz asumió la presidencia plurinacional, Evo Morales y su grupo criminal —los dueños del poder y, al mismo tiempo, los autores de la gran tragedia y crisis nacional— acusan y, con violencia, presentan a Paz como responsable de la situación que ellos mismos crearon. Nada raro, porque es solo la repetición de su práctica trasnacional de cometer crímenes, asesinar y masacrar para luego acusar y perseguir a sus víctimas.
Ante una crisis tan grave como la de Bolivia, hay dos formas de proceder: el “gradualismo” o el “shock” (aplicar los cambios radicalmente). Si el país posee institucionalidad sólida y el gobierno consistencia política, el sistema gradualista puede tener una oportunidad; pero, en el Estado plurinacional, con las instituciones bajo leyes impuestas para instalar una dictadura, el resultado es la rápida y violenta reacción para mantener el narcoestado y dar impunidad a sus jerarcas.
La conspiración y el intento de golpe de Estado de Evo Morales contra Rodrigo Paz no tendrán éxito porque el orden geopolítico internacional ha cambiado. El golpe de 2003, que forzó al presidente Sánchez de Lozada a renunciar, fue dirigido y operado por Cuba y Venezuela, y respaldado por Lula de Brasil, Kirchner de Argentina, Toledo de Perú y otros, en un contexto de crecimiento del castrochavismo y de retirada de Estados Unidos. Todo lo contrario al presente, en el que vemos el desmontaje de la dictadura de Venezuela, el ultimátum a la dictadura de Cuba y el respaldo de los gobiernos democráticos a Rodrigo Paz, que forma parte del “Escudo de las Américas”, precisamente creado para cesar el crimen organizado.
Bolivia requiere cambios radicales que restituyan la “nación boliviana”, que terminen el narcoestado plurinacional, que cesen la impunidad, que restablezcan el orden republicano de justicia e independencia de poderes, el sistema electoral y más. La conspiración y golpe de estado que presenciamos marca el fracaso del propósito gradualista hasta ahora observado en el presidente Rodrigo Paz.
El tema de fondo es que en democracia siempre se puede consensuar y acordar, pero cuando el crimen organizado ha suplantado la política la alternativa es prevalecer o caer. El principio para derrotar al grupo delictivo en Bolivia es la detención, juzgamiento y condena del jefe criminal Evo Morales con la terminación de las republiquetas narco.
*El autor de este artículo es abogado, politólogo y Director del Interamerican Institute for Demodracy
