El Congreso de Guatemala mantiene su debate este martes la aprobación final de la Ley General del Sistema Portuario, una norma que busca reorganizar el funcionamiento de los puertos del país y responder a demoras que en 2024 elevaron hasta 35% el precio final de productos importados por vía marítima.
De acuerdo con los diputados, el cambio apuntó a una reforma más amplia del sistema portuario: no solo sobre operación e inspección, sino sobre seguridad, gobernanza, inversión y control en instalaciones clave para el comercio exterior guatemalteco.
El Congreso de Guatemala discute una ley para modernizar sus puertos, reducir demoras y ajustar la operación a estándares internacionales. La consecuencia inmediata que persiguió el oficialismo fue bajar costos para importadores y exportadores y reforzar la seguridad en puntos por donde pasa la mayor parte del comercio exterior del país.
Guatemala ubicó el debate en un punto sensible de su estructura económica. El país opera con Puerto Quetzal en el Pacífico y con Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios en el Atlántico, una red que conecta con América del Norte y del Sur y sostiene su papel como puente logístico entre ambos océanos.
Uno de los argumentos centrales para acelerar ley radica en el impacto económico de los cuellos de botella de los puertos. El Congreso analiza que los atrasos logísticos y de inspección en uno de los principales recintos portuarios del país trasladaron sobrecostos al consumidor y agravaron el costo de vida nacional.
Los costos diarios de fondeo de un buque pueden llegar a USD 35 mil, una cifra superior al cuarto de millón de quetzales. Los tiempos de espera alcanzaron hasta 45 días para buques de graneles sólidos y 25 días para graneles líquidos.
La reforma cambió el foco hacia protección integral
El dictamen incorpora 33 enmiendas de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, y otras tres sobre gobernanza, en especial sobre la integración del directorio. Según sus palabras, esas correcciones buscaron robustecer la estructura institucional del sistema.
Ayala pidió devolver temporalmente la iniciativa a la comisión para revisar cambios específicos. Ese paso modificó el enfoque de la autoridad portuaria: pasó de un modelo centrado en la inspección a otro orientado a la protección integral de los puertos.
La nueva ley también busca resolver vacíos de fondo: la ausencia de una autoridad portuaria nacional moderna y autónoma, la duplicidad de competencias, la vigencia de instituciones obsoletas y la falta de procedimientos claros para inversión y expansión portuaria.
Según explicaron en el Congreso, en materia de seguridad, el proyecto incluye protección de personas, bienes e instalaciones, prevención de actividades ilícitas como terrorismo, narcotráfico y contrabando, resguardo fitosanitario e inspecciones estatales efectivas. El objetivo oficial fue alinear el sistema con el Código PBIP y con estándares internacionales de seguridad y eficiencia.
La aprobación de la norma también daría cumplimiento al Decreto 26-2024, que estableció la Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional durante la X Legislatura.
Hasta el cierre de la nota, los legisladores continuaban con la discusión y aprobación de artículos.
