Un hombre acusado de curanderismo fue hallado culpable de estafa, abuso sexual con acceso carnal y extorsión por el Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes. Tras deliberar durante dos horas, la decisión fue unánime.
De esta manera, el fallo estableció la responsabilidad penal del imputado identificado por las iniciales G. N. G., en perjuicio de una mujer que reside en la misma localidad. Luego de que evaluaran las pruebas, determinaron que las maniobras abusivas y defraudatorias se desarrollaron de manera sistemática entre octubre de 2023 y enero de 2024.
Por este motivo, los magistrados encuadraron los hechos bajo la figura de delito continuado y en concurso real, lo que elevará la futura escala penal. En este sentido, sostuvieron que el acusado principal ejecutó un raid delictivo sostenido, combinando engaños económicos y abuso sexual sobre la víctima.
Según la información publicada por El Litoral, en el proceso penal también estuvo imputada una segunda persona, identificada como R. A. R., acusada inicialmente por la Fiscalía como presunta partícipe de la red de engaños económicos.
En un principio, los jueces resolvieron absolver de culpa y cargo a R. A. R. por insuficiencia probatoria. Tras evaluar la falta de pruebas directas sobre su participación en los hechos patrimoniales, decidieron exculparla de tener que abonar las costas del proceso.
No obstante, la situación de la mujer cambió hacia el final del expediente, debido a que los magistrados determinaron su responsabilidad penal como coautora material del delito de extorsión. Según el fallo, quedó acreditado que participó activamente junto al curandero en un acto intimidatorio ocurrido en enero de 2024, dirigido a la misma víctima y con el objetivo de obtener dinero mediante amenazas.
En línea con esto, el tribunal explicó que la sentencia condenatoria fue dictada conforme a las disposiciones del Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de Corrientes, por lo que estaba garantizado el debido proceso y el principio de inocencia durante todas las etapas previas.
Después de la lectura del veredicto de culpabilidad, se dispuso un cuarto intermedio regular. De esta forma, dieron a conocer que en la próxima audiencia de cesura, la querella, la fiscalía y las defensas presentarán sus alegatos finales sobre la mensuración del daño. Tras ello, los magistrados darán a conocer la pena de prisión efectiva que corresponderá a los dos condenados.
Condenaron a un policía por abuso sexual y grooming contra dos menores de edad
Un policía de Salta fue condenado a siete años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y grooming contra dos menores de edad. El acusado, identificado como Alberto Gabriel Guaymás, integraba la fuerza policial provincial y las víctimas tenían cinco y doce años al momento de los hechos.
Según resolvió la jueza María Victoria Montoya Quiroga, el acusado quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 14 años, es decir, el doble del tiempo de la condena, debido a que los delitos fueron considerados en concurso real.
La investigación comprobó que, una tarde, la hija de una amiga del acusado, de cinco años, fue víctima de los abusos mientras acompañaba a su madre de visita a la casa de Guaymás. Mientras los adultos permanecían en el comedor, la menor veía televisión en otra habitación.
Según el relato que la niña ofreció en Cámara Gesell, el policía entró al cuarto, se bajó el pantalón y le introdujo su miembro en la boca. Además, le tocó sus partes íntimas. A raíz de que no hubo testigos directos de los hechos, la consistencia del relato de la víctima resultó central para la acusación.
El testimonio se mantuvo firme en el tiempo y fue respaldado por declaraciones de docentes, profesionales de salud mental y referentes de una fundación que asistía a la menor. Las pericias psicológicas indicaron que la experiencia afectó el desarrollo emocional de la menor, produciéndole problemas de aprendizaje, episodios de angustia y una baja notable en su rendimiento escolar.
El segundo caso juzgado involucró a una adolescente de 12 años, a la que el acusado contactó luego de haber obtenido el número de celular de la menor producto de un llamado que había realizado al 911. A partir de ese momento, inició comunicaciones privadas con la joven, le envió mensajes personales, le hizo preguntas de contenido sexual, solicitó fotografías e intentó organizar un encuentro.
De acuerdo con el relato de la madre de la adolescente, la menor de edad desarrolló miedo y desconfianza hacia la policía tras descubrir los mensajes, lo que llevó a la familia a modificar rutinas diarias por temor.
Por este motivo, la fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, sostuvo que Guaymás “quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad”.
En este sentido, la funcionaria subrayó que “aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y la confianza depositada por las familias”. Por este motivo, los delitos fueron tipificados bajo los artículos 119 y 131 del Código Penal, referidos al abuso sexual y el grooming.
